El Congreso de Quintana Roo aprobó una serie de reformas mediante las cuales elimina el fuero constitucional para que todos los servidores públicos enfrenten la justicia, cuando vulneren o transgredan algún ordenamiento jurídico, en igualdad de condiciones que la ciudadanía.
Las reformas a la Constitución local incluyen la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al Reglamento para el Gobierno Interior, dirigidas a eliminar las figuras de fuero constitucional y el procedimiento de declaratoria de procedencia.
Con estas reformas, diputados, representantes populares y el gobernador -al dirigir la política del Estado- asumirán la realidad de los procesos del orden penal en igualdad de condiciones, luego de que la excepción de la ley penal respecto algunos delitos, se había convertido en un obstáculo para la impartición de justicia.
La minuta de reforma constitucional fue turnada a los ayuntamientos, para el proceso legislativo correspondiente.
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