La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto 768, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa para Sinaloa, publicado en el Diario Oficial de esa entidad el 19 de agosto pasado.
La PGR considera que el decreto viola el párrafo Tercero del Artículo Octavo transitorio de la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, en materia de combate a la corrupción, ya que permite que los Magistrados que actualmente se encuentran en funciones en el Tribunal de Justicia Administrativa puedan ser ratificados y adquieran inamovilidad en el cargo.
Lo anterior, contraviene la intención del Constituyente federal, en el sentido de que los Magistrados en funciones, exclusivamente podrán continuar por el tiempo que hayan sido nombrados.
Acusan al Congreso de Sinaloa transgredir principios de certidumbre jurídica
Asimismo, la PGR estimó que el Congreso de Sinaloa, transgredió los principios de certidumbre y seguridad jurídicas, toda vez que detrás del mandato del Constituyente de crear, primero, un Sistema Nacional, para luego, constreñir a las entidades federativas al diseño de Sistemas Locales, debió reconocer la existencia de un principio de integralidad.
En días pasados, la PGR promovió Acciones de Inconstitucionalidad en contra de diversas disposiciones de los estados de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo en materia de combate a la corrupción, obteniendo, por lo que hace a las dos entidades primeramente mencionadas, resoluciones favorables por parte de la SCJN.
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