La fiscal de la Corte Penal Internacional decidió no abrir una investigación a fondo contra las acusaciones de crímenes que siguieron al golpe de Estado de 2009 en Honduras (en el que fue depuesto el entonces presidente José Manuel Zelaya).
Los fiscales abrieron una investigación preliminar en 2010 que tres años después concluyó que sí hubo violaciones a los derechos humanos como consecuencia del golpe de Estado, pero que no se catalogaban como crímenes contra la humanidad, delitos que entran bajo jurisdicción de la corte con sede en La Haya.
La fiscal Fatou Bensouda indicó el miércoles que, después de analizar nuevas acusaciones de crímenes cometidos a principios del 2010 en la región hondureña de Bajo Aguán, una vez más concluyó "que no hay base razonable para que mi oficina proceda con una investigación".
Al cerrar oficialmente la investigación preliminar, Bensouda hizo hincapié en que su decisión no debería "minimizar los crímenes cometidos en Honduras ni su impacto en las víctimas".