La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aseguró que es necesario que las autoridades ministeriales indaguen en torno a las armas y el financiamiento de los grupos de autodefensa en Michoacán, así como esclarecer los señalamientos sobre la filtración del crimen organizado en sus filas.
El Ombudsman Luis Raúl González Pérez aseguró que a pesar del desarme, legalización y reintegración de estos civiles armados, se ha detectado que varias células del narcotráfico se introdujeron en el movimiento.
"En un principio se percibía el objetivo de los grupos de autodefensa era proteger a la población, sin embargo, con el paso del tiempo esta causa se transformó... algunos de estos grupos permitían el ingreso de miembros de la delincuencia organizada". Luis Raúl González Pérez.
Según Quadratin, aseguró que estos civiles armados nacieron debido a la falta de justicia y orden en Michoacán, lo que catálogo como una debilidad en derecho, y destacó que el temor a represalias por parte de los criminales fue un motivo por el que la justicia ya no funcionó, informó la agencia.
"El estado de Michoacán tuvo una debilidad en su estado de derecho, muy acentuada la debilidad porque no había forma de hacer justicia, no había presencia del ministerio público en varias zonas y el temor de recibir represalias". Luis Raúl González Pérez.
También reveló que, con base a información de los visitadores de la CNDH, se apreció la figura de estas autodefensas en al menos 33 municipios michoacanos, aunque no detalló el número exacto de grupos.