Debido a que los trabajos realizados para esclarecer los hechos, en los que murieron 22 personas, en el municipio de Tlatlaya, hace más de tres años, no han sido suficientes, además de que se han vulnerado los derechos humanos, el pasado 31 de julio un juez federal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR), reabrir el caso y llevar a cabo una investigación exhaustiva y expedita de los hechos.
La resolución señala la falta de actividad de la PGR, la cual no ha realizado diligencias encaminadas a la investigación de los hechos ni a la investigación de la orden militar de "abatir delincuentes en horas de oscuridad", además de que no se ha investigado la cadena de mando responsable.
- Ante tal resolución, la PGR debe integrar todas las investigaciones bajo un solo expediente.
- También debe señalar pormenorizadamente las diligencias que considere pertinentes realizar para la investigación ordenada, su objetivo y los plazos.
- La PGR debe elaborar un cronograma detallado sobre la investigación.
Para acatar la resolución, emitida por el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, en la Ciudad de México, la PGR debe aclarar en la investigación, el número de víctimas de ejecución y esclarecer las responsabilidades en torno a la alteración de la escena del crimen.
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