El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, José Antonio Ortega, solicitó a la Unidad de Investigación de Delitos Financieros ampliar el plazo para presentar pruebas sobre la denuncia interpuesta en contra del secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, a quien acusa de fraude por dos millones de dólares, que el gobierno mexicano erogó en pago a los trabajos del grupo interdisciplinario de expertos independientes coadyuvantes en las investigaciones de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
"Yo calculo que un millón 250 mil y 2 millones de dólares, esto va a depender de lo que informe la OEA respecto a cómo fue asignado este dinero, que le entregó a estos expertos y, además, cuántos días estuvieron estos expertos los dos semestres que tenían que estar trabajando, cuantos días realmente la pasaron en México, porque alguno de ellos estaba en Uganda haciendo diligencias en otro asunto", declaró José Antonio Ortega.
Detalló que la próxima semana presentará un expediente procedente de Colombia en el que detalla la actuación de uno de los integrantes de este grupo en la nación sudamericana el cual también es investigado por fraude.