La mañana de este viernes el Senado de la República recibió las observaciones del Ejecutivo federal a los incisos B y C del artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como de 15 artículos más, que regulan la obligación de los particulares de presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses cuando se relacionen económicamente con el Estado.
"El Ejecutivo federal a mi cargo considera que la obligación establecida para que los particulares presenten declaraciones de situación patrimonial y conflicto de interés, constituye una intromisión indebida en la esfera jurídica de las personas físicas y morales⬦" EPN.
Indica que esta obligación afecta la vida privada de las personas y, con ello, se ponen en peligro otros derechos como la vida, la seguridad, la salud y la libertad personal.
El Ejecutivo asegura que si bien el fin es legítimo, se impone una carga desmedida a todos los particulares que reciben recursos públicos, tanto directa como indirectamente sin distinguir entre personas que reciben beneficios de programas sociales, estudiantes becados a través de entidades públicas, e incluso a personas físicas que prestan servicios a empresas que tengan contratos públicos.
De esta manera el Presidente pone a consideración del senado la eliminación de las personas físicas o morales como sujetos inexcusables y sólo mantiene la obligación para los servidores públicos.