El documento enviado a los Constituyentes el 15 de septiembre pasado plantea en el Artículo 21, inciso C, fracción 7, que la plusvalía de un inmueble será parte de la riqueza pública del gobierno capitalino y se usará para restaurar ecosistemas y zonas degradadas.
Esta tarde de martes, "se hicieron para atrás", en la opinión de nuestra analista es un "impuesto" que también debería ser aplicado de la autoridad para el ciudadano y no solo de sociedad a gobierno.