Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), fue brevemente retenido a su regreso este miércoles a España por la Guardia Civil, que investiga presuntos contratos irregulares durante su mandato, informaron fuentes cercanas a la investigación.
Luis Rubiales, que llegó en un avión procedente de la República Dominicana, fue abordado por agentes de la Guardia Civil que se lo llevaron en una furgoneta sin que tuviera que salir por la puerta, donde le esperaban decenas de periodistas.
El expresidente de la RFEF ha sido informado de su situación judicial por parte de los agentes, según las mismas fuentes, tras lo cual se encuentra en libertad.
La intervención policial se produjo en el marco de una investigación por supuesta corrupción, que había llevado al registro de la sede de la RFEF el 20 de marzo y a la detención de siete personas, que ya se encuentran en libertad tras declarar.
Ese día, la policía también registró el domicilio de Luis Rubiales en Granada, en la región sureña de Andalucía, aunque el expresidente federativo ya se encontraba en la República Dominicana.
La jueza encargada del caso tendrá que decidir una fecha para que Rubiales comparezca ante ella.
¿De qué se le acusa a Luis Rubiales?
Esta investigación apunta a “presuntos hechos delictivos asociados a la corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales”, según la justicia.
Según la prensa española, los contratos bajo sospecha serían los relacionados con el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudita o los trabajos de remodelación del estadio de La Cartuja en Sevilla, entre otros.
En un avance de una entrevista que emitirá en la noche de este miércoles la televisión La Sexta, Luis Rubiales rechazó haber recibido cualquier tipo de comisión.
“Mi dinero es producto de mi trabajo y de mis ahorros”, aseguró Luis Rubiales a La Sexta.
Luis Rubiales estuvo al frente de la RFEF desde 2018 hasta su dimisión el pasado año tras el caso del beso forzado a la jugadora Jenni Hermoso en la final del Mundial en Australia.
La fiscalía solicitó la pasada semana 2,5 años de cárcel para Rubiales por el caso de este beso por el que será juzgado en una fecha aún por definir.
El Ministerio Público acusa a Rubiales de un delito de agresión sexual, por el beso en sí, y otro de coacciones, por haber presionado a la deportista para que “justificara y aprobara el beso que contra su voluntad” había recibido, según indicó el Ministerio Fiscal en su escrito, al que tuvo acceso la AFP.
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