Corte Suprema ordena a Estados Unidos suspender deportaciones de venezolanos desde Texas
En un revés a las recientes políticas migratorias de los republicanos, la Corte Suprema de Estados Unidos suspendió la deportación de varios presuntos pandilleros venezolanos desde Texas a una prisión salvadoreña, en virtud de una ley del siglo XVIII.
Ello, luego de que en marzo el presidente Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, para arrestar y deportar a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, a supuestos miembros del Tren de Aragua.
Hasta ahora, la ley solo se había usado durante la guerra de 1812 contra el Imperio británico y sus colonias canadienses y en las dos guerras mundiales, mientras que la Corte Suprema acotó que en su decreto que “se ordena al gobierno no expulsar a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos de Estados Unidos hasta nueva orden de esta corte”.
¿A qué se debe la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos?
Asimismo, la decisión responde a una apelación de emergencia presentada por abogados de derechos humanos para frenar la deportación de migrantes actualmente retenidos en un centro de Texas, al sur del país.
En el recurso, presentado el viernes por la noche, la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, en inglés) argumentó que se había comunicado al grupo de venezolanos retenidos en Texas que “iban a ser expulsados inminentemente” en virtud de esa ley.
Mientras que los abogados de varios venezolanos deportados previamente insisten en que sus clientes no eran miembros del Tren de Aragua, asegurando que no habían cometido delitos y que, en gran medida, fueron blanco de esta campaña por los tatuajes de su cuerpo.
Trump, que en campaña prometió expulsar a millones de migrantes indocumentados, acusó a Venezuela de “perpetrar una invasión” de Estados Unidos a través de la entrada al territorio norteamericano de presuntos miembros del Tren de Aragua.
Corte, por el derecho a la defensa
Por su parte, la Corte Suprema ya había indicado en días pasados que cualquier persona en un proceso de deportación en el marco de esta ley del siglo XVIII debía tener la oportunidad de impugnar judicialmente su expulsión.
La ACLU afirmó en su recurso el viernes que los migrantes retenidos en Texas corrían el riesgo de “ser expulsados de Estados Unidos sin previo aviso ni la oportunidad de ser escuchados”, a la vez que acotó que “muchos individuos han sido ya puestos en autobuses, presuntamente dirigidos hacia el aeropuerto”.
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Tan solo la semana pasada, la Corte Suprema ordenó al gobierno de Trump “facilitar” el regreso de un migrante salvadoreño expulsado por error en marzo, y encarcelado en una prisión de su país precisamente en virtud de la misma ley.
Kilmar Ábrego García vivía bajo un estatus legal protegido desde 2019, cuando un juez dictaminó que no debía ser deportado a su país porque podría estar en peligro. Aun así, el 12 de marzo fue arrestado y expulsado tres días después. Aunque reconoció un “error administrativo”, la administración federal argumenta que no puede enmendarlo porque Ábrego García ya está detenido en El Salvador.
Los migrantes deportados a El Salvador se encuentran encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), al sureste de la capital, San Salvador, en una prisión considerada el penal más grande de Latinoamérica, con una capacidad para 40 mil presos.
Ahí, los reclusos se encuentran hacinados en celdas sin ventanas, donde además duermen en camas de metal sin colchón y sin derecho a recibir visitas.
