Un millón de migrantes ilegales deportados en 2025: el objetivo de Trump
La administración de Donald Trump plantea un ambicioso objetivo: deportar 1 millón de inmigrantes en un solo año (2025).
Sin embargo, explica The Washington Post, funcionarios federales y analistas migratorios consideran que es poco realista, dadas las limitaciones legales, presupuestarias y operativas.
Durante su campaña, Trump prometió expulsar a “millones” de inmigrantes. Ahora, en su primer año de regreso, el equipo de la Casa Blanca trabaja con agencias federales para alcanzar esa meta, aunque sin explicar cómo cuentan las deportaciones. El número más alto registrado fue de más de 400 mil durante el mandato de Barack Obama.
Estrategia con terceros países y órdenes de deportación pendientes
El asesor Stephen Miller lidera reuniones casi diarias con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para acelerar las expulsiones, según fuentes oficiales. Una táctica consiste en utilizar las 1.4 millones de órdenes de deportación pendientes, muchas de las cuales no se ejecutan porque los países de origen no aceptan el retorno de sus ciudadanos.
Para resolver esto, la administración negocia con hasta 30 países para aceptar inmigrantes que no son sus ciudadanos, como parte de una estrategia para enviarlos a terceros países. Ya se han realizado deportaciones a México, Costa Rica, Panamá y Ruanda.
Obstáculos legales y recursos limitados
La idea de alcanzar un millón de deportaciones enfrenta barreras importantes: falta de personal, detenciones limitadas, vuelos insuficientes y procesos judiciales lentos. Además, muchas personas tienen derecho a una audiencia antes de ser expulsadas, lo que retrasa el proceso.
En marzo, las cruces ilegales de frontera se redujeron a solo 7 mil, el nivel más bajo en décadas. Aunque los arrestos en el interior aumentaron, las deportaciones no siguen el mismo ritmo. Se estima que ICE deportará cerca de 212 mil personas este año fiscal, menos que las 271 mil 484 del año anterior.
Preocupación por deportaciones sin garantías
Las deportaciones a terceros países preocupan a jueces federales y defensores de derechos humanos, especialmente cuando no existen garantías diplomáticas sobre la seguridad de los inmigrantes. Recientemente, un juez en Boston ordenó suspender este tipo de expulsiones si no se ofrece una oportunidad significativa para solicitar protección humanitaria.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi L. Noem, estableció nuevas directrices: antes de una deportación a un tercer país, se deben verificar garantías contra persecución o tortura, y otorgar al inmigrante la opción de impugnar la decisión en un plazo de 24 horas.
Sin embargo, abogados migratorios advierten que este plazo es insuficiente para preparar una defensa legal adecuada.
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Resumen del panorama actual
A pesar del incremento en detenciones y vuelos de deportación, alcanzar la cifra de 1 millón de expulsiones sigue siendo improbable. Incluso con apoyo del Congreso, el proceso requiere tiempo para contratar más agentes, ampliar centros de detención y programar vuelos.
El plan de Trump enfrenta no solo límites administrativos y judiciales, sino también un creciente escepticismo entre los propios agentes migratorios, quienes ven la cifra como una meta inalcanzable.
