El titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, contraalmirante Salvador González Guerrero, fue detenido este domingo a pesar de contar con un amparo.
La orden en contra del mando militar son por homicidio y lesiones, ambos casos con la atenuante dolosa por la muerte de 40 personas y lesiones de 27 tras el incendio en la estación migratoria del INM el pasado 27 de marzo en Ciudad Juárez.
De la misma forma, se le asocia con el delito de indebido ejercicio de la función pública.
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El pasado 13 de abril, la jueza séptimo de distrito en Ciudad Juárez, le otorgó un amparo, pero a pesar de esto fue arrestado la tarde del domingo.
Los detalles del lugar del arresto no se dieron; solo se informó que la orden de aprehensión fue cumplimentada por agente de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República (FGR).
Lo último del caso de migrantes muertos en Ciudad Juárez
Hasta este sábado 15 de abril, sumaban 39 los cuerpos de migrantes que habían sido repatriados tras el incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Con esta acción, concluyó la repatriación de los cuerpos de los migrantes fallecidos que aún se encontraban en Ciudad Juárez. El último país en reclamar a sus connacionales fue Venezuela, quien finalmente concluyó los trámites y procedimientos consulares.
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Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), fue citado a comparecer por el caso del incendio. De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario tendrá que asistir ante un juez, como parte de la audiencia inicial, el próximo 21 de abril, alrededor de las 9:00 horas, en el Centro de Justicia Penal federal de Ciudad Juárez.
Lo anterior, después de que el pasado 11 de abril, la Fiscalía General de la República (FGR) procediera penalmente en contra de directivos del INM; entre ellos Francisco Garduño y Antonio “N”, quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes.
