Vinculan a proceso a dueño de crematorio en Ciudad Juárez; defensa señala acumulación de trabajo
Esta tarde fueron vinculados a proceso penal el dueño y el único empleado del Crematorio Plenitud de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde localizaron 383 cadáveres, luego de que el juez de Primera Instancia Penal, Apolinar Juárez Castro, determinó haber encontrado elementos suficientes para la resolución.
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Defensa alega que crematorio en Ciudad Juárez contaba con permisos
De acuerdo con la defensa de José Luis A.C., propietario, y Facundo M.R., empleado, no se constituía el delito de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres y restos humanos que se les imputa.
La abogada Mara Aidé Laguna Ávalos expuso al juez que el hecho se trataba de una falta administrativa porque el crematorio cuenta con los permisos y se les acumuló el trabajo.
No es el único caso en Ciudad Juárez
Aseguró que están conscientes que no es un trato digno. Sin embargo, existen dos antecedentes en el mismo lugar, el primero con la localización de 15 cadáveres en iguales condiciones en 2020, y solo fueron sancionados con una suspensión total de trabajos y servicios, solucionaron las faltas y reabrieron.
En marzo de 2022, fueron localizados de nueva cuenta cadáveres en descomposición, esa vez fueron cinco y les aplicaron la misma sanción administrativa.
La litigante agregó que no existió ocultación de los cadáveres debido a que estaban en un crematorio, no en la calle o lugar no autorizado para tenerlos.
Crematorio no notificó a las autoridades acumulación de trabajo
Por su parte, el ministerio público señaló que el crematorio nunca notificó que el horno dejó de funcionar hace dos años y que se les habían acumulado los cuerpos y aún así seguían recibiendo.
En la resolución final, el juez manifestó que el crematorio no es un lugar para almacenar, sino un destino final como su nombre lo dice: es para cremar los restos.
En cuanto al “acumulamiento del trabajo”, aseguró Apoloniar Juárez que es entendible que uno, dos, e incluso 15 cuerpos como ocurrió en 2020, pero no 383 cadáveres.
Por el delito de ocultamiento de los cuerpos, detalló que la norma establece que los cadáveres se deben cremar 48 horas después del fallecimiento, en caso de no cumplirse se debe notificar a la autoridad y el crematorio nunca lo hizo.
El ministerio público solicitó seis meses para el cierre de la investigación, por lo que el juez fijó el próximo 5 de enero de 2026 para la siguiente audiencia.
