El Congreso local aprobó reformar el Código Civil para el Estado de Oaxaca, con el objetivo de establecer mecanismos para fortalecer el poder coercitivo del estado para hacer efectivo el derecho de la niñez a recibir alimentos por lo que, se harán públicos los nombres de deudores alimentarios.
Los padres irresponsables estarán visibles en un Registro de Deudores Alimentarios Morosos en Oaxaca bajo la Dirección del Registro Civil que expedirá el certificado correspondiente y difundirá la información del mismo.
¿Qué trámites legales pedirán el Certificado de Deudores Alimentario?
El Certificado de Deudores Alimentarios será un nuevo requisito para los siguientes trámites legales ante las instituciones correspondientes en Oaxaca:
- Contraer matrimonio
- Adopción
- Obtención de contratos públicos y financieros
“Mediante la modificación de los artículos 100, 336 Bis y 411, se instituyó que la Dirección del Registro Civil tendrá a su cargo la creación y manejo del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Asimismo, adquiere la facultad de expedir un certificado que informe si una persona se encuentra inscrita o no en este listado”.
Congreso del Estado de Oaxaca
— Poder Legislativo Oaxaca (@CongresoOaxLXIV) September 15, 2021
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Asimismo, se obliga a la Dirección del Registro Civil en Oaxaca a celebrar convenios con las sociedades de información crediticia a que se refiere la Ley de la materia, a fin de proporcionar esta información de las personas que se encuentren inscritas en el registro de deudores alimentarios morosos.
También, se instruye realizar acuerdos con entidades públicas y los municipios para que brinden información sobre aquellas personas físicas proveedoras de servicios y las morales, representadas o asociadas, por personas que se encuentren inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en términos de la ley de la materia.
La reforma fue impulsada por las diputadas Elisa Zepeda Lagunas e Hilda Graciela Pérez Luis, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, fue dictaminada por la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, y aprobada por el Congreso Local.
