¿Qué pasó en la masacre de San Fernando, Tamaulipas?

La Masacre en San Fernando sucedió en 2010, en 2020 se instaló un memorial. Foto: Cuartoscuo/Archivo

La “Masacre en San Fernando, Tamaulipas”, fue recordada luego del hallazgo de 19 cuerpos calcinados, y que la ONU comparara dicha tragedia con el reciente crimen, en su mayoría de migrantes de Guatemala, pero… ¿Qué pasó en dicho sitio hace más de una década? Ve la historia.

¿Qué pasó en la “masacre de San Fernando, Tamaulipas?

En agosto de 2010 ocurrió uno de los sucesos más escabrosos de la historia reciente de México, medios de distintos países le dieron cobertura al hecho, luego de que se reportara el asesinato de 58 hombres y 14 mujeres de diversas nacionalidades en el municipio de San Fernando, en Tamaulipas.

De acuerdo con los reportes policiacos de la época, este crimen fue cometido por el cártel de los “Zetas” entre el 22 y 23 de agosto de 2010 en el ejido del Huizachal, en San Fernando. Las víctimas fueron 72 migrantes de diversos orígenes, sobre todo de Centroamérica y hasta de Sudamérica, en su tránsito por México con rumbo a los Estados Unidos.

¿Por qué fue llamada la “masacre de San Fernando”?

Se le llamó “masacre de San Fernando”, por la forma en cómo fueron ejecutados las 72 personas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, aunque diversos medios también bautizaron el hecho como “Masacre de los 72”, el cual, es uno más en la lista de crímenes no resueltos por el gobierno de México.

A las 72 personas, sin importar si fueran hombres o mujeres, se les asesinó por la espalda, y sus cuerpos fueron, posteriormente, apilados y abandonados a la intemperie, acelerando con ello su proceso de descomposición. Según las primeras investigaciones, fueron asesinados luego de ser secuestrados.

El 10 de septiembre, el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, anunció la captura de ocho sujetos y la muerte de seis participantes en la masacre de San Fernando. Los imputados recibieron orden de aprehensión por parte de autoridades judiciales y fueron encarcelados el 16 de octubre con cargos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, corrupción de menores, y homicidio calificado de 72 personas.

¿Qué pasó tras la masacre de San Fernando?

A pesar de los anuncios del gobierno federal, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expuso que, aunque reconocía “el esfuerzo del gobierno de México por reducir la violencia”, también exhortaba a “desarrollar una investigación urgente, transparente e independiente, para esclarecer estos crímenes y preservar la dignidad de las víctimas identificando los cadáveres”

El gobierno de México, tras la detención de los presuntos involucrados, ordenó cerrar el expediente, y no se ahondó más en la identidad de los migrantes, de los cuales, se supo eran 21 hondureños, 14 salvadoreños, 10 guatemaltecos, un ecuatoriano, y 4 brasileños identificados, pero no cuadraban las cifras con el total de cuerpos que al parecer encontraron.

En mayo de 2017, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debería responder si la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, era una violación grave a los derechos humanos, y por ende si la información que del caso debía ser pública o no.

Tras la masacre de San Fernando, en ese entonces, la Procuraduría General de la República, clasificó dicha información como “reservada”.

La resolución se dio a raíz del amparo promovido por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Fundar) por la respuesta que les dio la CNDH en junio de 2015, en la que el organismo señaló no poder entregar una versión pública de los peritajes e investigaciones en el caso San Fernando, porque era reservado y confidencial para la PGR.

Mientras que después de años de lucha jurídica, en junio de 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció que la masacre de 72 migrantes ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, debía ser calificada como una grave violación a los derechos humanos.

La CNDH emitió una serie de recomendaciones, y señaló que un testimonio evidenció el modus operandi de la policía que presuntamente secuestró a las víctimas y las entregó al grupo criminal. Además, agentes de la policía municipal no persiguieron a los criminales y los mantuvieron lejos del peligro de ser capturados.

Hasta la fecha no se tiene conocimiento de sentencias por el caso de fosas clandestinas de San Fernando y menos indicio claro del accionar del grupo criminal  que actuó así sobre los migrantes asesinados en la Masacre de San Fernando sucedida hace casi 11 años.

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