Hombres armados mataron a al menos 34 personas en un ataque contra un autobús en la región de Benishangul-Gumuz, al oeste de Etiopía, escenario de reciente violencia contra civiles, informó el organismo nacional de derechos humanos.
“El número estimado de víctimas (fallecidas), actualmente de 34, probablemente va a aumentar”.
Comisión Etíope de Derechos Humanos, EHRC.
La Comisión Etíope de Derechos Humanos (EHRC, por sus siglas en inglés), institución pública independiente que dio cuenta también de otros ataques en la región durante la noche, emitió en comunicado que el ataque se produjo en el área administrativa de Debate, y “hay informes de ataques similares” en otras tres zonas, así como “de personas que han huido en busca de refugio”.
- El gobierno del primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ha dado escasa información sobre la reciente violencia en Benishangul-Gumuz, particularmente en la zona de Metekel, donde se sitúa Debate.
Otros ataques
Al menos 12 personas murieron en un ataque en la zona en octubre y otras 15 fallecieron en un ataque similar a finales de septiembre.
En un mensaje a los diputados en octubre, Abiy dijo que los combatientes responsables del ataque y las muertes estaban recibiendo entrenamiento y refugio en el vecino Sudán, y que se necesitaba la ayuda de Jartum para estabilizar la zona.
- Se desconoce si hay conexión entre la violencia en Benishangul-Gumuz y las operaciones militares en la región etíope de Tigré, en el norte, que han provocado cientos de muertos y la huida de más de 20 mil personas a través de la frontera con Sudán.
Políticos de la oposición aseguraron que la violencia en Benishangul-Gumuz tenía motivaciones étnicas.
Según ellos, hay una campaña dirigida por milicias de etnia gumuz contra las etnias amhara y agew que viven en Metekel.
“El ritmo imparable de ataques contra civiles en Benishangul-Gumuz requiere una mayor vigilancia y una acción más coordinada entre las fuerzas de seguridad regionales y federal”.
Daniel Bekele, comisionado jefe del EHRC.
Además, insistó a las autoridades de seguridad federal y regional y judiciales a trabajar juntos, y en consulta con la comunidad local, para rediseñar una estrategia de seguridad regional que pueda poner fin a estos ataques.
