El gobierno conservador británico anunció el miércoles en el Parlamento una reducción de dos puntos porcentuales en las contribuciones sociales de los asalariados, en un año de elecciones legislativas que las encuestas les dan como perdedores.
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En una actualización de los presupuestos, que suele realizarse dos veces al año, el ministro de Economía, Jeremy Hunt, anunció ante la Cámara de los Comunes una rebaja en la cotización a la seguridad social (National Insurance), muy esperada en Reino Unido, que costará 10.000 millones de libras (12.693 millones de dólares) a las arcas estatales.
El gobierno conservador ya había rebajado las contribuciones a la seguridad social en el último presupuesto, a finales del pasado año, y esta nueva reducción permitirá a los empleados británicos cotizar un 8% de su salario, en lugar de un 10%, y ahorrar una media de 450 libras (571 dólares) al año.
Hunt anunció además que el crecimiento económico británico será este año de un 0,8%, un poco mayor de lo esperado, y continuará su evolución en 2025.
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El organismo de previsión del presupuesto público (Office for Budget Responsability, OBR), en el que el Gobierno basa sus proyecciones, “espera que la economía crezca un 0,8% este año y un 1,9% el próximo”, anunció Hunt a los diputados británicos.
La estimación anterior del OBR, publicada en noviembre, era de un crecimiento del 0,7% este año y del 1,4% el próximo.
Estas medidas económicas se enmarcan en un intento desesperado de los conservadores, que llevan catorce años en el poder, de cambiar la intención de voto de cara a unas elecciones legislativas programadas para este año, pero sin fecha concreta.
Según los últimos sondeos de enero, Keir Starmer, líder laborista, sacaría una ventaja de entre trece y quince puntos de ventaja, si las elecciones se realizaran ahora, a su rival Rishi Sunak, actual primer ministro conservador.
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La reducción de impuestos y la puesta en funcionamiento de su proyecto de expulsar a Ruanda a inmigrantes irregulares son de las bazas sobre las que se asienta la esperanza de los conservadores para cambiar la tendencia de intención de voto que les es claramente desfavorable.
El primer ministro conservador ha hecho de este controvertido plan, frenado en varias ocasiones por la justicia, un pilar de su política de lucha contra la inmigración irregular y espera poder aplicarlo antes de las elecciones y poder arañar más votos a Starmer.
