El gobierno de Nicaragua ha cometido violaciones “graves y sistemáticas” contra un segmento de su población que equivalen a crímenes de lesa humanidad, dijo este jueves 2 de marzo un equipo de expertos en derechos humanos designado por Naciones Unidas, que pidió que se implementen sanciones internacionales.
El panel de tres expertos dijo que el gobierno ha cometido y continúa perpetrando actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias desde 2018.
El informe nombra al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo como partícipes de las violaciones y pide acciones legales internacionales y sanciones contra los involucrados.
“El objetivo (del gobierno) es eliminar por diferentes medios cualquier voz opositora o disidente en el país”, dijo a periodistas Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, en rueda de prensa, y añadió que la administración en Nicaragua está “armando las funciones del Estado contra la población”.
“Esto ha provocado que la población nicaragüense viva con miedo. Estamos muy preocupados por la situación actual. Esperamos sinceramente que este informe pueda contribuir a prevenir una mayor espiral de violaciones y abusos sistémicos”.
Jan Simon
Nicaragua corre riesgo de empeorar situación de derechos humanos
El presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua también dijo que la situación corre el riesgo de empeorar y advirtió que se avecina una “crisis humanitaria”.
La misión diplomática de Nicaragua en Ginebra no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los hallazgos del informe. El grupo de expertos dijo que envió 12 cartas al gobierno desde que comenzó a trabajar hace un año, así como el informe final, pero nunca recibió una respuesta.
Ortega, que ahora tiene 77 años, llegó al poder por primera vez como líder del movimiento guerrillero sandinista que derrocó a la dictadura de Somoza en una revolución de la década de 1970.
Estuvo dentro y fuera de la presidencia a lo largo de los años, pero volvió a tomar el poder en 2007 y ha gobernado desde entonces. Grupos de derechos humanos y de oposición han acusado durante mucho tiempo a su gobierno de reprimir severamente las libertades cívicas y a sus oponentes para ganar las elecciones y mantener el control del país.
Las fuerzas de seguridad mataron a más de 300 personas en protestas antigubernamentales en 2018. Consultados sobre la magnitud de los abusos, los expertos dijeron que habían documentado más de 100 casos de ejecuciones, cientos de casos de tortura y detención arbitraria, y miles de casos de persecución política.
