La reciente aprobación de una ley en Iowa, promulgada por la gobernadora Kim Reynolds, tipificará como delito la presencia de migrantes en el estado. Esta nueva legislación criminaliza la presencia de ciertos migrantes a los que se les ha negado la admisión o han sido expulsados de Estados Unidos.
“Hoy, damos a las autoridades de Iowa el poder de hacer lo que Joe Biden no hará: deportar a criminales ilegales para proteger nuestro estado”.
Kim Reynolds, gobernadora de lowa
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Nueva ley permite arrestar y deportar a algunos migrantes
La nueva ley de Iowa permite a las autoridades locales arrestar y deportar a ciertos migrantes indocumentados. Esta medida ha generado controversia y preocupación entre la comunidad migrante. La medida entrará en vigor el 1 de julio.
En Iowa, al igual que en otros lugares del país, líderes republicanos criticaron al presidente Joe Biden por lo que consideran un descuido en el cumplimiento de las leyes federales de inmigración. Esta crítica llevó a algunos gobernadores a tomar medidas a nivel estatal, como enviar tropas a Texas y proponer leyes similares a la de Iowa.
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¿En qué consiste la nueva ley de lowa?
La nueva ley de Iowa establece cargos criminales para personas con órdenes de deportación pendientes o que fueron expulsadas previamente de Estados Unidos.
Una vez bajo custodia, los migrantes podrían ser deportados o procesados judicialmente. Sin embargo, la implementación de esta ley plantea desafíos, ya que la deportación es un proceso federal complejo, costoso y a menudo peligroso.
¿A quiénes afecta la ley?
- Migrantes deportados anteriormente
- Indocumentados sin control migratorio
- Personas con visas vencidas
¿Qué medidas se tomarán?
- Arresto por parte de autoridades locales
- Deportación al país de origen
Al respecto, los grupos comunitarios de migrantes en Iowa están organizando reuniones y proporcionando materiales informativos para brindar apoyo a quienes se sienten afectados por esta nueva legislación.
Aunque la ley de Iowa enfrenta desafíos similares a la ley de Texas, que ha sido impugnada en los tribunales federales, su impacto en las vidas de los migrantes y en la aplicación de la ley aún está por determinarse.
