En Perú, suman siete muertos tras propuesta de elecciones anticipadas y simpatizantes de Castillo prometen luchar hasta el fin

Cinco manifestantes murieron este lunes en las protestas en Perú, lo que suma siete fallecidos desde que inició la demanda por la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, pese a la propuesta de la mandataria de adelantar elecciones para abril de 2024.

En tanto un centenar de simpatizantes del expresidente se manifiestan constantemente frente al cuartel de la División de Operaciones Especiales de la Policía, Marco Puente Llanos, en Ate, en el este de Lima.

¿Por qué protestan en Perú?

El anuncio de Boluarte de enviar al Congreso un proyecto de ley para adelantar dos años las elecciones previstas en 2026 atizó a los manifestantes, que exigen la liberación del presidente destituido, Pedro Castillo, el cierre del parlamento y comicios inmediatos.

Apenas ayer, en el aeropuerto de Arequipa estalló una batalla campal cuando la policía desalojó a los manifestantes que bloquearon la pista de aterrizaje con piedras, palos y neumáticos en llamas.

Suman siete fallecidos por movimiento. Foto: Reuters

La policía los enfrentó con gases lacrimógenos y retomó el control de la pista al cabo de tres horas, añadió.

Los manifestantes, algunos vestidos con sombreros y trajes tradicionales, quemaron casetas de seguridad y destruyeron la iluminación de la pista de aterrizaje. El aeropuerto cerró y dejó varados a decenas de pasajeros. 

Las movilizaciones crecen desde el domingo en varias ciudades del norte y sur andino.

Suman siete fallecidos por movimiento

Uno de los decesos del lunes ocurrió en Arequipa (sur), segunda ciudad de Perú, durante la actuación policial para recuperar la pista de aterrizaje del aeropuerto tomada por unos mil 500 manifestantes

Otros cuatro civiles fallecieron durante marchas repelidas por policías antimotines en Chincheros y Andahuaylas, en el departamento de Apurímac, cuna de Boluarte, también en la parte meridional del país.

Entre los muertos figuran tres adolescentes que tenían entre 15 y 16 años.

En Lima, cientos de manifestantes fueron dispersados por la policía con gases lacrimógenos en su intento por llegar al Congreso. 

Estado de emergencia en Perú desde el lunes

El gobierno declaró el lunes el estado de emergencia por 60 días en 7 provincias de la región de Abancay (sur).

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial cerró la noche del lunes el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco debido a que manifestantes intentaron ingresar de forma violenta a sus instalaciones.

Así te lo informamos:

¿Qué pasa en Perú?

El expresidente Pedro Castillo está detenido por orden de un juez tras su fallido autogolpe de Estado el pasado miércoles 7 de diciembre y la posterior destitución por parte del Congreso. Fue reemplazado constitucionalmente en la jefatura del Estado por su vicepresidenta, Dina Boluarte.

“El presidente Castillo no está bien de salud, se ha pedido la intervención de la Cruz Roja Internacional para que venga y constatar la salud del presidente. Interponemos habeas corpus para obtener su inmediata libertad. Es su derecho”, dijo a la prensa el abogado Ronald Atencio.

En general, Lima siempre le dio la espalda a Castillo, un maestro rural y líder sindical sin contacto con las élites, mientras que las regiones andinas se han identificado con él desde las elecciones de 2021.

Hay un “paro indefinido”

Mientras tanto, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un “paro indefinido” a partir del martes, sumándose a los pedidos de cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva Constitución, según un comunicado del Frente Agrario y Rural de Perú.

El servicio de ferrocarriles entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu se suspenderá el martes por las protestas, informó la compañía operadora.

El colectivo, que agrupa a una docena de organizaciones, reclama además la “inmediata libertad” de Castillo. Según el Frente Agrario, “no perpetró ningún golpe de Estado”.

El expresidente fue detenido el miércoles por su propia escolta cuando se dirigía a la embajada de México a solicitar asilo político. La fiscalía lo acusa de rebelión y conspiración, pero además lo investiga por corrupción.

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