Perú amplía estado de emergencia en Lima: dispone de militares para aplacar protestas

Perú amplía estado de emergencia con militares para aplacar protestas
Perú amplía estado de emergencia con militares. Foto: Reuters

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, amplió el estado de emergencia decretado a mediados de diciembre y extendido desde este domingo por 30 días en Lima y en las regiones andinas de Puno y Cusco, medida que faculta a las fuerzas armadas a mantener el orden público frente a protestas antigubernamentales que han dejado 42 muertos en cinco semanas.

La medida contempla que la Policía Nacional del Perú mantenga el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, suspende derechos constitucionales de inviolabilidad de domicilio y las libertades de tránsito por el territorio nacional, reunión y libertad y seguridad personales.

El decreto, emitido y firmado la noche del sábado por Boluarte, precisó que en Puno, donde se registró hace una semana casi la mitad de todos los fallecidos en las protestas tras violentos enfrentamientos con la policía, se impuso un toque de queda por ocho horas durante 10 días.

¿Cuándo se decretó estado de emergencia en Perú?

El Gobierno había decretado estado de emergencia por un mes a mediados de diciembre, poco después de que estallaran las protestas por la destitución y arresto del exmandatario izquierdista Pedro Castillo, que intentó de forma ilegal disolver el Congreso y reorganizar el Poder Judicial.

Esta nueva decisión gubernamental se produce cuando se anuncian movilizaciones desde el sur de Perú hacia la capital peruana a partir del próximo lunes, en una acción que las autoridades califican de “asonada a Lima” en un intento de desestabilizar a Boluarte.

En las manifestaciones se exige la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, la redacción de una nueva Constitución y la liberación de Castillo, que cumple una prisión preventiva por 18 meses mientras lo investigan por “rebelión”.

Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estuvo de visita en Perú hace unos días para hablar con los familiares de las víctimas, el Gobierno y organizaciones civiles exhortó el cese de la violencia y al diálogo que transita por una etapa “muy complicada”.

Las manifestaciones se han concentrado en las regiones mineras del sur de Perú, pero desde los últimos días miles de personas han salido además a las calles de Lima para protestar contra el Gobierno y reclamar un pronto adelanto de elecciones generales en busca de salir de la crisis.

“Es una hipócrita (Boluarte), porque por un lado dice perdón, pero no sale a dialogar, manda al policía a los militares a que vayan a matar, con perdigones“, dijo Tania Serra, durante la protesta, en la que por momentos los manifestantes han chocado a empujones con la policía.

¿Qué aprobación tiene Dina Boluarte?

La desaprobación a la gestión de Boluarte aumentó según encuestas. Siete de cada 10 peruanos (el 71%) rechaza el gobierno de la presidenta, dijeron sondeos de Ipsos Perú y del Instituto de Estudios Peruanos publicados este domingo en los diarios Perú 21 y La Republica.

El viernes, la presidenta de Perú, quien propuso adelantar las elecciones a abril de 2024, pidió “perdón” por las decenas de muertos en las protestas, el peor brote de violencia que ha visto el país en más de veinte años.

La medida incluyó a la provincia del Callao, la provincia de Andahuaylas de la región de Apurímac, dos provincias de Madre de Dios, y un distrito de la sueña de Moquegua. Cusco, la capital turística de Perú que alberga la ciudad andina de Machu Picchu, fue afectada por bloqueos de carreteras que obligaron el cierre por unos días de su aeropuerto.

Hace unos días, la fiscalía de Perú anunció que abrió una investigación preliminar para identificar a los responsables de las muertes y de los cientos de heridos por las protestas en las regiones de Puno, Cusco, Arequipa, Apurimac y Ucayali, que han sido los focos de los mayores disturbios, además de Lima.

Estas pesquisas marchan en paralelo a la investigación preliminar anunciada por la fiscalía contra la presidenta Boluarte por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” en las protestas, en la que se incluyó a parte de su gabinete de ministros.

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