Perú cerró este sábado 21 de enero por tiempo indefinido el ingreso a la ciudadela inca Machu Picchu alegando motivos de seguridad ante las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que dejan ya 46 muertos.
“Se ha dispuesto el cierre a la red de caminos inca y a la llaqta (ciudadela) de Machu Picchu ante la coyuntura social y en salvaguarda de la integridad de los visitantes”, informó el ministerio de Cultura y señaló que la medida regirá “hasta nuevo aviso”.
El gobierno de Boluarte tomó esta decisión luego de que el servicio ferroviario desde la ciudad de Cusco hasta Machu Picchu se suspendiera por daños a la vía férrea presuntamente provocados por manifestantes.
Al menos 400 turistas quedaron varados en Aguas Calientes/MachuPicchu, el pueblo al pie de la montaña de la urbe de piedra incaica que es una joya turística de Perú. En diciembre ocurrió lo mismo.
El ferrocarril es el único medio de transporte a la ciudadela, ya que no existe vía de tránsito de vehículos que la conecte con Cusco, ubicada a 110 kilómetros.
Otro muerto en Perú; queman comisaría por manifestaciones
Un manifestante que estaba gravemente herido desde el viernes por la represión policial en las protestas en Ilave, región Puno, en el sur de Perú, falleció este sábado informó la Defensoría del Pueblo.
“Tenemos una persona fallecida en Ilave por las protestas del viernes. Es un poblador herido que estaba siendo trasladado al hospital de Puno, pero llegó cadáver”, dijo Jacinto Ticona, Defensor del Pueblo de Ilave.
“Invocamos a la policía no haga uso desproporcional de la fuerza”, agregó en un intento de poner fin a la brutalidad policial, evidente según múltiples imágenes difundidas en redes y medios locales.
La represión de las protestas del viernes en Ilave, desató la cólera de la población que incendió la comisaría al amanecer del sábado, de acuerdo a diversos medios de la región Puno.
Los enfrentamientos entre pobladores aymaras y fuerzas de seguridad en esa ciudad dejaron además 10 heridos, indicaron fuentes hospitalarias.
Imágenes viralizadas en las redes sociales muestran a policías que disparan al cuerpo de manifestantes en la plaza principal de Ilave, una pequeña ciudad a 3 mil 800 metros de altitud cercana al lago Titicaca en la frontera con Bolivia. Otra comisaría en Puno, en el distrito de Zepita fue quemada el viernes sin causar víctimas.
Policía irrumpe en Universidad de Lima
En Lima, la policía ingresó masivamente a la fuerza a la Universidad Nacional de San Marcos rompiendo una enorme reja con un vehículo antimotines y detuvo a decenas de manifestantes indígenas y estudiantes que ahí pernoctaban.
Estudiantes y organizaciones de derechos humanos acudieron a la sede universitaria a rechazar la intervención policial.
“Tengo familiares aquí dentro (…) no sabemos qué les puede pasar. No sé de que se les acusa”, dijo Luz María Ramírez, de 62 años, quien llegó desde Andahuaylas, epicentro de las movilizaciones en diciembre.
Abogados de la región Puno que llegaron al lugar, como Efraín Sullca, denunciaron que no se permitió la presencia de los defensores y se desconoce el número de detenidos, los cargos imputados y adónde se los llevará. Los manifestantes habían pernoctado ahí a pesar de la negativa de la institución.
Según dijo la universidad en un comunicado, la Policía actuó “de oficio” porque los pernoctantes no cumplieron la supuesta promesa de retirarse el jueves. Asimismo, instó a la comunidad estudiantil a conservar la calma.
Protestas en Lima no cesan
Miles de personas llegadas del interior marcharon el jueves y el viernes en Lima en protestas que en algunos casos derivaron en enfrentamientos cerca del Congreso, cuando la Policía les impidió avanzar con gases lacrimógenos y chorros de agua.
Las autoridades alegan que las marchas son promovidas por movimientos y grupos sociales radicales de izquierda que han movilizado a campesinos indígenas del sur.
Las protestas en Perú desde la destitución y detención del predecesor de Boluarte, Pedro Castillo, a principios de diciembre, dejan al menos 45 civiles y un policía muertos y han llevado al gobierno a imponer el estado de emergencia en un tercio de las regiones del país, incluyendo la capital Lima y zonas del norte y sur.
El izquierdista Castillo, un exmaestro rural de origen indígena, fue destituido de su cargo y arrestado el 7 de diciembre después de intentar disolver el Parlamento -controlado por la derecha-, que estaba a punto de sacarlo del poder por presunta corrupción.
La crisis también refleja la inmensa brecha social que existe entre la capital y las provincias pobres que respaldan a Castillo, de origen indígena, y que veían en su elección una forma de revancha contra el desprecio de Lima.
