¿Qué significa declarar estado de emergencia en Perú?
El estado de emergencia es una medida excepcional que permite al gobierno suspender temporalmente ciertos derechos y libertades para restablecer el orden público o responder a situaciones graves como desastres naturales, crisis políticas o violencia generalizada.
En el caso de Perú, el presidente José Jerí decretó esta medida en Lima y el Callao para enfrentar la ola de violencia y extorsiones atribuida al crimen organizado, que en los últimos meses ha provocado decenas de muertes y miles de denuncias.
¿Qué implica el estado de emergencia?
Cuando se declara el estado de emergencia, el Ejecutivo asume facultades extraordinarias y puede limitar derechos protegidos por la Constitución.
Entre las principales medidas destacan:
- Militarización de las calles: las Fuerzas Armadas apoyan a la Policía Nacional en labores de patrullaje y seguridad.
- Suspensión de libertades individuales: se restringe la libertad de tránsito, la reunión pública y la inviolabilidad del domicilio, lo que permite a las autoridades ingresar a viviendas sin orden judicial.
- Controles más estrictos: se autoriza la instalación de retenes y operativos para inspeccionar vehículos o detener a sospechosos.
- Prohibiciones específicas: en Lima, el gobierno prohibió que dos personas viajen en una misma motocicleta, para frenar ataques de sicarios que usan ese método.
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¿Por cuánto tiempo se aplica?
El decreto del presidente Jerí tiene una vigencia inicial de 30 días, aunque el gobierno puede prorrogarlo si considera que las condiciones de inseguridad persisten.
Durante este periodo, se espera que las autoridades recuperen el control de zonas dominadas por el crimen y restablezcan la calma en la capital peruana.
¿Por qué se decretó ahora?
El estado de emergencia llega tras semanas de protestas y enfrentamientos en Lima, donde un manifestante murió y más de 100 personas resultaron heridas.
El país vive una crisis política prolongada, con siete presidentes desde 2016, y una escalada de violencia que ha afectado especialmente a transportistas, comerciantes y empresarios extorsionados por bandas criminales.
De acuerdo con cifras oficiales, las denuncias por extorsión aumentaron más de 600% en dos años, lo que llevó al gobierno a pasar “de la defensiva a la ofensiva”, según las palabras del propio mandatario.
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