Abrieron 1.9 millones de carpetas de investigación en 2024; sólo 1.6 millones concluyeron
El Censo Nacional de Procuración de Justicia que publica el Inegi arroja un resultado interesante, en 2024 se abrieron 1 millón 908 mil carpetas de investigación en México, de las cuales 1 millón 612 mil llegaron a alguna determinación en la investigación inicial y más de 253 mil en la etapa complementaria.
Si bien muestra avance en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales, todavía no se puede cantar victoria ya que aún quedan 2.3 millones de procedimientos pendientes por concluir, según sus propias cifras.
Estado de México y Jalisco concentran más casos
Del total de carpetas abiertas, la FGR inició 78 mil 611 y las fiscalías estatales 1.83 millones. El Estado de México concentró el 19.1% de los casos, seguido por Guanajuato (7.9%) y Jalisco (6.5%).
En la mayoría de los estados, la carga de pendientes sigue siendo alta: por ejemplo, en Jalisco quedaron más de 500 mil procedimientos abiertos, mientras que en el Estado de México quedaron pendientes más de 229 mil; en Nuevo León se reportaron más de 211 mil y más de 197 mil en Baja California.
Algo importante que señalar es que no se incluyó información de la CDMX, porque a la fecha de corte no se había entregado la información completa por parte del módulo de Procuración de Justicia.
Menor presupuesto y uso de mecanismos alternativos
El reporte también señala que la FGR y las fiscalías ejercieron 50 mil 764 millones de pesos en 2024, cifra 0.8% menor en comparación con 2023.
Además, los mecanismos alternativos de solución de controversias iniciaron 187 mil 884 expedientes, lo que representó una caída de 9.7% respecto al año previo.
Unidades de inteligencia en la mayoría de los estados
Otro dato es que la FGR y 29 fiscalías estatales cuentan con unidades de inteligencia criminal, donde laboran más de 1,700 personas que generan análisis e insumos para fortalecer las investigaciones.
El Inegi destaca que estos procesos estadísticos sirven para tener informaciòn sobre la gestión, el desempeño y los recursos en la procuración de justicia, lo que será clave para diseñar y evaluar políticas públicas.
