Acuerdo seguridad pública: ¿Descuidan policías locales, refuerzan Guardia Nacional?
El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una serie acuerdos que tienen como objetivo fortalecer las instituciones de seguridad en México hacia 2029. Sin embargo, en el documento no se especifica de dónde saldrán los recursos para cumplir con estas metas ni tampoco se señala qué papel jugarán los municipios en esta estrategia.
Estos son los ejes principales
Eje I: Más policías y ministerios públicos sin claridad de recursos
El acuerdo ordena a los estados presentar en los próximos 30 días un Plan de Reclutamiento Estatal 2026-2030 para cumplir con los siguientes compromisos:
- Incrementar en 25% el estado de fuerza de policías estatales y de investigación
- Incrementar en 30% el número de ministerios públicos de las fiscalías estatales
Además, se instruye que para enero de 2028 el país cuente con 32 academias o institutos certificados, al menos uno por entidad federativa.
Eje II: Inteligencia, investigación y combate a la extorsión
El CNSP instruyó al Secretariado Ejecutivo a:
- Actualizar el Modelo de Unidades de Investigación del Delito en la Policía (diciembre 2025)
- Emitir un Programa de formación para personal con funciones de investigación e inteligencia (diciembre 2025)
- Definir estándares para agentes de investigación e inteligencia (diciembre 2025)
Asimismo, los estados que no cuenten con Unidades Especializadas en extorsión deberán crearlas y ponerlas en operación a más tardar en enero de 2026.
Eje III: Centros de Comando y nuevas mediciones del delito
Los acuerdos establecen la certificación de los Centros de Comando y Control (C5) y la capacitación obligatoria de operadores del 911 y 089 a partir de febrero de 2026.
También se aprueba la creación del Registro Nacional de Incidencia Delictiva, que sustituirá al instrumento previo e incorporará nuevas variables, como extorsión, desaparición y trata de personas, además de geolocalización de los delitos. Su aplicación será obligatoria desde enero de 2026.
Eje IV: Armonización de leyes y creación de nuevas áreas
Las entidades federativas deberán armonizar sus leyes locales con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública antes del último día hábil de noviembre de 2025.
Asimismo, deberán crear y poner en operación, a más tardar en enero de 2026, unidades administrativas y áreas mínimas en policías y fiscalías, como investigación, análisis criminal, atención a víctimas, delitos de género y desapariciones, entre otras.
Búsqueda de desaparecidos y gestión forense
En un segundo acuerdo, el CNSP mandata:
- Crear Fiscalías Especializadas en desaparición forzada y cometida por particulares, con unidades de investigación, análisis y búsqueda
- Actualizar protocolos homologados de investigación y búsqueda (diciembre 2025)
- Concluir el rezago en la Base Nacional de Información Genética en el Banco Nacional de Datos Forenses a más tardar en julio de 2026
También se ratifican protocolos nacionales sobre recuperación y tratamiento de cadáveres, así como entrega digna de personas identificadas.
Justicia cívica para prevenir delitos
En un tercer acuerdo, el Consejo solicitó a la Fiscalía General de la República elaborar un proyecto de Justicia Cívica para atender infracciones comunitarias y prevenir que escalen a delitos.
El vacío: estados con obligaciones, municipios no aparecen
Aunque los acuerdos plantean metas ambiciosas, el documento publicado en el DOF del 30 de septiembre de 2025 no establece fuentes de financiamiento ni prevé apoyos federales para municipios, que concentran la primera respuesta en seguridad. De este modo, los compromisos recaen en los estados, mientras que la Guardia Nacional se mantiene como la fuerza prioritaria de la estrategia federal, aunque en los acuerdos no aparece mencionada de manera directa.
