Ante “asedio mediático”, redes le recuerdan a Álvarez-Buylla cuando criminalizó a 31 científicos
A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, la exdirectora del extinto Conacyt (hoy Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación), María Elena Álvarez-Buylla Roces, denunció ser víctima de un “asedio mediático ruin e infundado” que —según dijo— incluso ha alcanzado a su familia.
La defensa de Álvarez-Buylla ocurre en un contexto adverso: la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades financieras en el extinto Conacyt durante su gestión.
Y mientras la exfuncionaria asegura que las observaciones “fueron atendidas y solventadas”, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar, ya que muchos usuarios le recordaron el episodio en el que ella misma promovió acciones judiciales contra 31 investigadores del sector científico durante su gestión.
“¿Qué se siente estar del otro lado?”, se lee en decenas de respuestas a su comunicado. “Sólo que ahora sí hay pruebas”, ironizó uno.
La denuncia de la ASF: presuntas irregularidades por millones
El documento “Denuncias Penales Presentadas por la ASF. Cuentas Públicas 1998-2022”, con corte al 30 de septiembre de 2025, confirma que el órgano fiscalizador presentó la denuncia el 10 de junio de este año, derivada de la auditoría número 92 a la Cuenta Pública 2021.
El informe se centra en el proceso de extinción de los fideicomisos del Conacyt —una de las banderas de la llamada Cuarta Transformación—, en particular sobre el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT-PRONACES).
La ASF encontró recursos comprometidos por 97.6 millones de pesos fuera del plazo legal, además de pagos anticipados por 22.5 millones sin evidencia de servicios efectivamente prestados. También señaló falta de documentación de resultados, irregularidades en licitaciones y condiciones contractuales opacas.
Uno de los contratos bajo revisión involucra un monto de 52 millones de pesos y derivó en un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) por 25 millones, según el propio comunicado de Álvarez-Buylla. Ella sostiene que el contrato fue rescindido, que se sancionó a los responsables y que el trabajo sí se realizó.
Asimismo, las críticas a la exdirectora también alcanzaron a su hija, la artista visual Jimena García Álvarez-Buylla, quien abrió las puertas de su estudio a una exclusiva publicación y mostró la manera en la que vive, lo cual también generó críticas.
“Las agresiones mediáticas en contra de mi familia no sólo son infundadas, sino calumniosas. Quienes difunden estas notas son los mismos medios reaccionarios que atacaron el combate a la corrupción y el derecho humano a la ciencia”, escribió la exdirectora del Conacyt.
La narrativa del “asedio” de Álvarez-Buylla
El discurso de Álvarez-Buylla contra la prensa no es nuevo. Durante su gestión, fue señalada de mantener una relación hostil con parte de la comunidad científica y con los medios que cuestionaban su administración.
El episodio más recordado ocurrió en 2021, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) —a partir de una denuncia promovida por el Conacyt— acusó penalmente a 31 científicos e investigadores de presunta delincuencia organizada y lavado de dinero por el uso de recursos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).
Aunque los cargos fueron desestimados por el Poder Judicial por falta de pruebas, el caso sigue presente en la comunidad científica y es calificado como uno de los más vergonzosos. En aquel momento, Álvarez-Buylla defendió la acción legal bajo el argumento de que el Foro era una “asociación civil” que no debía recibir fondos públicos.
“Le pagas a alguien para que diga lo que tú quieres. Se necesitan instancias más colegiadas”, declaró en una entrevista en 2019, cuando defendía la eliminación de los apoyos al Foro.
El argumento fue rebatido por juristas y exdirectivos del Conacyt, quienes recordaron que la Ley de Ciencia vigente entonces obligaba expresamente al Consejo a garantizar los recursos del Foro para su operación permanente.
Álvarez-Buylla se dice dispuesta a cooperar
El comunicado de Álvarez-Buylla también busca reivindicar su papel en la extinción de los 91 fideicomisos del Conacyt durante el gobierno de López Obrador. Calificó el proceso como “eficiente, exitoso y con apego a la normativa aplicable”, y aseguró que la transformación del sistema científico mexicano significó “el tránsito de un modelo neoliberal a uno de bienestar”.
La extinción de los fideicomisos fue una de las decisiones más controvertidas del sexenio: universidades, centros de investigación y asociaciones científicas advirtieron desde 2020 que la eliminación abrupta de los fondos afectaría el financiamiento de proyectos de largo plazo, becas y equipamiento.
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Cinco años después, la Auditoría Superior de la Federación coincide en que hubo cumplimiento general en el proceso, pero también detectó anomalías estructurales en el manejo del dinero, la contratación de servicios y la supervisión administrativa.
La ahora exfuncionaria asegura que las observaciones están siendo solventadas por las áreas jurídicas y de auditoría, y se dice dispuesta a que “las autoridades competentes realicen las investigaciones que correspondan”.
