ASF presenta denuncia penal por irregularidades en Conacyt; exdirectora las niega
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal contra el extinto Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), hoy Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, por presuntas irregularidades detectadas durante la gestión de la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces.
De acuerdo con el documento “Denuncias Penales Presentadas por la ASF. Cuentas Públicas 1998-2022, así como relacionadas con la Simulación de Reintegros”, con fecha de corte al 30 de septiembre de 2025, la denuncia fue interpuesta el 10 de junio de 2025 y corresponde a los resultados de la auditoría número 92 de la Cuenta Pública 2021.
El dictamen de la ASF, emitido el 11 de octubre de 2022, evaluó la gestión financiera del Conacyt y el proceso de extinción de sus fondos institucionales. Aunque el órgano fiscalizador reconoció un cumplimiento general de las disposiciones legales, detectó diversas anomalías en el uso de recursos y en los procesos de contratación relacionados con el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT-PRONACES) y con servicios de apoyo administrativo y financiero.
[TE PODRÍA INTERESAR: “No sé de qué hablas”: se deslinda directora del Conacyt de denuncias contra investigadores]
Irregularidades señaladas
Entre los principales hallazgos, la ASF observó que el FORDECYT-PRONACES comprometió recursos por 97.6 millones de pesos después del plazo legal establecido en el decreto del 6 de noviembre de 2020, correspondientes a 10 convenios de asignación.
Asimismo, se detectó falta de evidencia documental sobre la entrega de resultados y la prestación de servicios especializados contratados para el seguimiento administrativo, financiero y contable de proyectos del FONCICYT, del FORDECYT-PRONACES y del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICyT). Por estos conceptos, se erogaron 35.1 millones de pesos a tres prestadores de servicios mediante cinco contratos.
En otro punto, la ASF cuestionó el proceso de contratación de un servicio integral para el seguimiento técnico y administrativo de proyectos transferidos al Conacyt tras la extinción de fideicomisos. Entre las irregularidades destacaron:
- Ausencia de al menos dos fuentes en la investigación de mercado y falta de evidencia sobre el procedimiento de selección de proveedores
- Requisitos en la convocatoria que pudieron limitar la libre competencia, al exigir experiencia específica con el Conacyt
- Falta de documentos que acreditaran las facultades de los servidores públicos responsables de la evaluación y la ausencia de la autorización formal de la Dirección de Recursos Materiales
- Contradicciones en las condiciones del contrato abierto, que establecía pagos fijos mensuales sin justificación de criterios para calcular los montos mínimos o máximos
- Un pago anticipado de 22.5 millones de pesos sin evidencia de que los servicios hubieran sido efectivamente prestados o devengados
[TE PODRÍA INTERESAR: Con fideicomisos, se transfirieron más de 41 mil mdp a empresas privadas: Conacyt]
Álvarez-Buylla responde ante las acusaciones
Ante la denuncia, la exdirectora general del extinto Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, rechazó los señalamientos a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.
“La Auditoría Superior de la Federación realiza una importante labor de fiscalización del gasto público. La noticia sobre malos manejos en el ‘extinto Conacyt’ durante mi gestión como DG es falsa”, escribió.
La científica sostuvo que el proceso de extinción de fideicomisos fue “exitoso, eficiente y con apego a la normativa”, y destacó que este fortaleció la transparencia y la correcta administración de recursos.
Además, explicó que las observaciones de la ASF se refieren a un contrato de servicios donde no se encontraron constancias de entregables, situación que derivó en la renuncia del titular de la Unidad de Administración y Finanzas (TUAF) y de otros directivos, además de la apertura de los procedimientos administrativos correspondientes.
“Siempre con empeño de evitar desaseo o mal uso de recursos y deslindar responsabilidades. El SAT auditó a la empresa prestadora del servicio. Conahcyt trabajó con esmero siempre de la mano con las autoridades fiscalizadoras, solventar observaciones e identificar faltantes”, agregó Álvarez-Buylla.
Hasta el momento, la ASF no ha emitido información adicional sobre el avance de la denuncia ni sobre las posibles responsabilidades derivadas de las irregularidades señaladas.
