CDHNL condena asesinato de madre buscadora y su hijo; alerta por mensaje de represalia para colectivos

| 18:22 | Alejandra Guzmán | Uno TV
escena del crimen
Una madre buscadora fue asesinada. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) condenó el asesinato de la madre buscadora María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales, ocurrido el miércoles 23 de abril en Tlajomulco, Jalisco, y exigió al Gobierno federal y a la Fiscalía de Jalisco esclarecer el crimen y detener a los responsables.

De acuerdo con el CDHNL, el homicidio representa un mensaje de represalia para otros colectivos de búsqueda del país, especialmente luego de que el Colectivo Guerreros Buscadores denunciara la existencia de un campo de exterminio en el Rancho Izaguirre, municipio de Teuchitlán, que habría operado como centro de reclusión forzada.

“Cualquier analista de riesgo podría advertir que esto pasaría con integrantes del Colectivo Guerreros Buscadores a manera de represalia y no hicieron nada para prevenirlo, por el contrario, lanzaron campañas de criminalización mediante redes sociales y medios afines al gobierno intentando minimizar lo ocurrido en ese rancho criminal”, declaró Raymundo Ramos, presidente del CDHNL.

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Ante la falta de medidas de protección, el comité anunció la suspensión de actividades de campo y reuniones con el Gobierno federal, incluyendo una cita previamente programada con la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF) para el martes 29 de abril en la Ciudad de México.

El colectivo señala que los familiares de víctimas de desapariciones forzadas en Tamaulipas no han recibido esquemas de seguridad para trasladarse desde la frontera norte, pese a que algunas de estas víctimas, como José Eugenio Hernández Romero y Silvia Miroslava García Macías, fueron localizadas sin vida, mientras que otras, como Markz Moreno Salas e Israel Jiménez Palacios, continúan desaparecidas.

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Las desapariciones atribuidas a integrantes de la Marina ocurrieron entre febrero y mayo de 2018, y este mes se cumplen siete años sin justicia, recordó el comité.

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