Corte Interamericana declara culpable al Estado mexicano por desaparición de zapatista

| 11:05 | José Pablo Espíndola | Uno TV
La Corte IDH declaró culpable a México por la desaparición de un zapatista y ordenó reparaciones a su familia.
La Corte IDH ordenó reparaciones a su familia. Foto: La Corte IDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la desaparición de Antonio González Méndez, integrante de bases de apoyo zapatistas en el norte de Chiapas.

El tribunal concluyó que hubo falta de investigación, juzgamiento y sanción, lo que vulneró derechos fundamentales de la víctima y de sus familiares.

El caso se remonta a 1999, cuando González Méndez fue visto por última vez en una región marcada por la violencia entre comunidades y la presencia del grupo paramilitar “Paz y Justicia”, señalado de operar con respaldo estatal.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó la denuncia en 2000 y, tras más de 20 años de trámites, sometió el caso a la Corte en 2022 al considerar que México no cumplió con las recomendaciones para garantizar verdad y justicia.

La Corte determinó que México violó los artículos relacionados con el derecho a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de la Convención Americana, además de incumplir la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Reconocimiento parcial del Estado mexicano

Durante el juicio, México aceptó parcialmente su responsabilidad y recordó que en enero de 2022 realizó un acto público de disculpa a la familia.

Sin embargo, rechazó reconocer violaciones adicionales como el derecho a la vida y la libertad personal, alegadas por los representantes de las víctimas.

Los familiares de González Méndez exigieron que se reconozca la existencia de una política contrainsurgente en Chiapas en los años noventa, que habría permitido la actuación de grupos armados ilegales con respaldo de autoridades.

La Corte IDH ordenó a México implementar medidas de reparación integral para los familiares de la víctima, que incluyen acciones de búsqueda, garantías de no repetición y compensaciones económicas.

El fallo es de cumplimiento obligatorio y refuerza la necesidad de investigar la actuación de grupos paramilitares en la región durante ese periodo.

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