Debe modificarse la ley para combatir corrupción y abusos en el TEPJF: Arturo Zaldívar


Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal. Foto: Cuartoscuro

Para combatir los abusos, corrupción e impunidad dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debe corregirse la anomalía del diseño institucional, pues el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no tiene facultades legales, aseguró Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Esta mañana, mediante su cuenta de Twitter, el ministro presidente de la SCJN dijo que el CJF no tiene facultades para realizar una vigilancia dentro del TEPJF:

“El CJF no tiene facultades constitucionales ni legales de disciplina y vigilancia sobre el TEPJF. Es una anomalía en el diseño institucional que debe corregirse si se quiere un combate serio en contra de los abusos, de la corrupción y de la impunidad”.

El comentario de Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, se presentó luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) impugnara la acción no penal contra el magistrado José Luis Vargas, del TEPJF, por un supuesto delito de enriquecimiento ilícito.

Además, la UIF, a cargo de Santiago Nieto, presentó una nueva denuncia contra Vargas por una supuesta red de empresas fachadas.

Por la mañana, desde la conferencia mañanera, Nieto Castillo aseguró que es respetuoso de las determinaciones de la autoridad competente, luego de que se diera a conocer la no acción penal contra el magistrado presidente del TEPJF.

“Hubo una determinación de no ejercicio de la acción penal, nosotros la impugnamos ante un juez de Control y será un juez de Control el que determine. En todos los casos acataremos la resolución judicial”.

Para finalizar, el titular de la UIF dijo que con Arturo Zaldívar hay un acuerdo para realizar una revisión periódica de los jueces.  

“Con el presidente de la Suprema Corte y con el Consejo de la Judicatura hay un acuerdo para revisar periódicamente a los jueces a través de un modelo de riesgo, incluyendo a los magistrados electorales”.

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