Denuncian a candidatos judiciales con historias negras
Organizaciones ciudadanas y especialistas en procesos electorales alertaron sobre la presencia de candidatos con antecedentes penales, nexos con el crimen organizado y denuncias graves entre los perfiles propuestos para la Elección Judicial 2025, que renovará cargos como jueces y magistrados a nivel federal.
El colectivo Defensorxs y el Laboratorio Electoral señalaron al menos 13 candidaturas impugnadas inicialmente por ser consideradas de “alto riesgo”.
Figuras con antecedentes penales o nexos criminales buscan ser jueces
Entre los aspirantes señalados están Fernando Escamilla Villarreal, vinculado al “Z-40”; Jesús Humberto Padilla Briones, detenido con drogas en 2023; y Francisco Herrera Franco, conocido como “El Fiscal del Terror”, acusado de asesinato de periodistas y extorsión a comunidades indígenas en Michoacán. También aparecen Silvia Rocío García, identificada como abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y Andrés Montoya García, imputado por desaparición forzada en Sonora.
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“Silvia Rocío García, la abogada del “Chapo”; Fernando Escamilla, el abogado del “Z-40”, fue detenido por portación de arma de fuego en 2016”, declaró Ricardo Siqueiros, vocero de Defensorxs.
Otro caso es el de Leopoldo Javier Chávez Vargas, candidato a juez en Durango, quien estuvo preso en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas.
Poder Legislativo también impugna 26 candidaturas
El 30 de abril, organizaciones ciudadanas presentaron impugnaciones contra 13 aspirantes. Posteriormente, el Poder Legislativo impugnó 26 más, 18 por presuntos vínculos con el crimen organizado y otras 8 por no cumplir con el promedio académico mínimo exigido.
“Es porque los comités de evaluación no hicieron un trabajo correcto”, afirmó Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral.
A pesar de las impugnaciones, se estima que 60 candidatos con señalamientos graves aparecerán en la boleta electoral el próximo 1 de junio. Las organizaciones advierten que estos perfiles no cumplen con requisitos de probidad, ética e integridad y podrían tener en sus manos decisiones judiciales de alto impacto.
“Estos aspirantes podrían liberar a delincuentes o anular sentencias de otros jueces”, advirtió Siqueiros.
Observan falta de filtros y riesgo de infiltración judicial
Los especialistas sostienen que la falta de filtros efectivos en los comités de evaluación ha permitido que candidatos con denuncias por violencia sexual, abuso de poder o participación en sectas criminales avancen en el proceso. Denuncian que estas candidaturas están siendo impulsadas por intereses ajenos a la legalidad.
“La mayoría de estas candidaturas son riesgosas por el cargo que buscan: ser magistrados federales”, concluyó el vocero de Defensorxs.
Las organizaciones anticipan más entregas y evidencias en los próximos días, mientras continúa el análisis del resto de candidaturas.
