El ABC de la elección judicial en México, primera en el mundo
Con la elección judicial del próximo domingo 1 de junio, México se convertirá en el primer país del mundo en elegir a todos sus jueces por voto popular, en una jornada sin precedentes impulsada por una reforma constitucional promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum.
La iniciativa, según el gobierno, busca combatir la corrupción y fortalecer la legitimidad del Poder Judicial, pero ha sido cuestionada por la oposición y organizaciones civiles, quienes advierten sobre posibles riesgos a la independencia judicial.
Qué cargos se elegirán en la elección judicial en México
La ciudadanía deberá elegir un total de 881 cargos en todo el país. Los cargos que se elegirán en estas elecciones son:
- 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
- 17 magistrados del Tribunal Electoral
- 5 magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial
- 464 magistrados de circuito
- 386 jueces de distrito
Los restantes aproximadamente 4,000 cargos del sistema judicial serán electos en 2027. Los elegidos ocuparán sus funciones por un periodo de nueve años y tendrán posibilidad de reelección.
Diferencias con otros procesos electorales en México
En esta elección judicial, no participan partidos políticos. Los candidatos no pueden recibir financiamiento público ni privado, por lo que sus campañas han sido financiadas de forma personal y difundidas principalmente en redes sociales.
Los aspirantes fueron preseleccionados por comités integrados por representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Para participar, deben cumplir requisitos como ser abogados titulados con promedio mínimo de ocho, tener buena reputación y no contar con antecedentes penales.
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Controversia y polarización por la elección judicial
El gobierno argumenta que el actual sistema judicial está marcado por la corrupción, nepotismo e impunidad. En 2023, de 27,957 carpetas de investigación por homicidio doloso, solo 16.2% llegaron a manos de un juez.
La oposición y asociaciones judiciales, como la JUFED, han señalado que el proceso podría facilitar el control del Poder Judicial por parte de actores políticos o criminales, al estar muchos candidatos identificados con el oficialismo.
Organizaciones como Defensorxs y Equis han cuestionado la falta de criterios técnicos para evaluar a los aspirantes. Entre los candidatos figuran personas con vínculos con el narcotráfico o con antecedentes penales, según documentos públicos.
Riesgos señalados por asociaciones y especialistas
La JUFED advierte que los derechos de minorías y actores económicos podrían estar en riesgo ante jueces con posibles lealtades partidistas. Además, organizaciones como Equis alertan sobre la posibilidad de parálisis institucional mientras se reorganiza el sistema judicial y se nombran nuevos magistrados y jueces.La elección también podría afectar la atención de casos urgentes, como aquellos relacionados con violencia de género, debido al posible retraso en la toma de posesión de los nuevos órganos judiciales.
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