Juez otorga plazo de 3 meses para concluir investigación contra mamá de Emilio Lozoya

El próximo domingo se realizará la audiencia de Emilio Lozoya. Foto: AFP

La defensa de Gilda Margarita Austin, mamá del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, obtuvo del juez de control del Reclusorio Norte una ampliación de tres meses para concluir la investigación en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro de la causa penal 261/2019 en su contra.

La audiencia de la mamá de Emilio Lozoya

En una audiencia de apenas 36 minutos, celebrada en los juzgados penales federales del Reclusorio Norte, Gilda Margarita Austin, quien se encuentra en arresto domiciliario, logró la ampliación del plazo para recabar pruebas a su favor en el delito que se le imputa en la investigación complementaria relacionada con el caso Odebrecht.

La mamá de Emilio Lozoya presuntamente ocultó los sobornos que su hijo recibió de la constructora brasileña Odebrecht, pues en 2012 recibió un depósito de 180 mil dólares de la empresa Tochos Holdings Limited, con el concepto de pago de impuestos y honorarios legales.

De acuerdo con la carpeta de investigación, estos recursos forman parte de los más de 10 millones de dólares que la transnacional brasileña entregó a Emilio Lozoya.

Por estos hechos, en noviembre de 2019, fue vinculada a proceso y se le dictó prisión domiciliaria como medida cautelar.

El domingo comparece Lozoya

Por otra parte, Emilio Lozoya comparecerá el próximo domingo 7 de marzo ante el juez de control para definir su situación jurídica. De acuerdo con la defensa del exdirector de Pemex, se solicitará, también, una ampliación del término para la conclusión de las investigaciones.

  • Lozoya Austin está acusado de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita por el caso de los sobornos de Odebrecht, así como por la compra irregular de la empresa Agronitrogenados.

Cabe señalar que, desde julio de 2020, Emilio Lozoya se encuentra sujeto a medidas cautelares con la obligación de portar un brazalete de geolocalización, la imposibilidad de abandonar territorio nacional y la firma electrónica ante el juzgado cada semana.

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