FGR imputa a exsubsecretario de la Sedatu por uso indebido de atribuciones; usa testimonio de Emilio Zebadúa

La FGR utilizó como dato de prueba en la audiencia de imputación los dichos del exoficial mayor de la Sedatu, Emilio Zebadúa. Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa.

Enrique González Tiburcio, quien se desempeñaba como subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles, fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades por 185 millones 839 mil 480 pesos.

La FGR utilizó como dato de prueba en la audiencia de imputación, la cual se realizó en el Reclusorio Norte, los dichos del exoficial mayor de la Sedatu, Emilio Zebadúa González, quien afirmó que en 2012 se realizó una estrategia para otorgar recursos públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para pagar deudas y compromisos de la campaña de Enrique Peña Nieto.

Según la FGR, la operación de la cual supuestamente estaban enterados Rosario Robles, titular de la Sedatu, quien habría ordenado la estrategia, y Luis Videgaray, secretario de Hacienda en ese entonces, implicó la disposición de mil 267 millones de pesos, destinados, en un inicio, para la Cruzada contra el Hambre.

A decir de la FGR, Emilio Zebadúa también conoció las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en convenios de la Sedatu con algunas entidades públicas como la Universidad Politécnica “Francisco I. Madero” del estado de Hidalgo.

En 2016, Enrique González habría firmado un convenio con la dependencia mencionada por servicios para el Centro Ciudad de las Mujeres por 185 millones 839 mil pesos. Según las indagatorias, tras firmar el convenio la Universidad habría subcontratado los mismos servicios a dos empresas privadas: Contabilidad y Soluciones INNER y Asesores Contables Administrativos (VICMA).

La defensa del exsubsecretario de la Sedatu, Enrique González Tiburcio, solicitó al juez de control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, un lapso de 144 horas para presentar datos de prueba a favor de su cliente, quien se encuentra en libertad pues el delito por el que lo señalan no amerita prisión preventiva oficiosa.

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