FGR responde por caso Ovidio Guzmán y rechaza descalificaciones sin pruebas
La Fiscalía General de la República (FGR) respondió con firmeza a las recientes declaraciones en torno a la audiencia judicial de Ovidio Guzmán López, llevada a cabo este viernes en una corte del estado de Illinois, Estados Unidos. La institución rechazó de forma “absoluta y contundente” cualquier descalificación sin pruebas, calificándolas como actos de oportunismo mediático.
La FGR da este posicionamiento luego de que el hijo del “Chapo” se declaró culpable en Estados Unidos y tras una serie de declaraciones del abogado del Ovidio Guzmán, Jeffrey Litchman, quien señaló que el Gobierno de México no estuvo involucrado en las negociaciones entre su cliente y Estados Unidos.
El litigante consideró como “absurda” la idea de haberlo incluido en algún tipo de negociación.
“La idea de que el Gobierno de Estados Unidos incluyera al Gobierno de México en alguna suerte de negociación y decisión, es absurda, esa idea”.
Jeffrey Litchman, abogado de Ovidio Guzmán.
Fiscalía defiende extradición de Ovidio Guzmán y llama a denunciar con pruebas
La FGR subrayó que está abierta a recibir denuncias formales tanto en México como en Estados Unidos, mediante sus consulados y la embajada. Aclaró que cualquier persona que conozca sobre delitos cometidos por autoridades mexicanas debe presentar pruebas ante las instancias competentes. Advirtió que no hacerlo también representa una infracción legal, según la ley mexicana.
En relación con el caso de Ovidio Guzmán, la Fiscalía recordó que fue detenido por fuerzas especiales del Ejército Mexicano en septiembre de 2023, en un operativo donde murieron 10 militares. Posteriormente, fue extraditado y acusado por delitos de tráfico de drogas y delincuencia organizada en Estados Unidos. Este viernes, aceptó su culpabilidad y se comprometió a colaborar como testigo en procesos contra otros miembros del crimen organizado.
Estados Unidos pide cadena perpetua y multa millonaria
Según la Fiscalía Federal de Estados Unidos, se propuso una pena de prisión de por vida y una sanción económica de aproximadamente 80 millones de dólares. Para la FGR, estos avances judiciales reflejan el compromiso de México al obtener la orden de captura, ejecutar la detención en territorio nacional y formalizar la extradición, lo que —afirma— prueba su labor legal y de cooperación internacional.
