UNAM, IPN y CIDE rechazan desaparición de los fideicomisos de ciencia y tecnología

La propuesta afectaría varios fideicomisos se discutió en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Foto: Cuartoscuro | Archivo

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) pronunciaron su rechazo a la desaparición de los fideicomisos de ciencia y tecnología, iniciativa promovida por el grupo parlamentario de Morena.

Las instituciones educativas solicitaron al Congreso preservar los fondos y el apoyo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), los cuales permiten la continuidad de proyectos y que sirven para el desarrollo del país.

Sin embargo, pese al llamado de unas de las más importantes instituciones del país, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados avanzó el proyecto para desaparecer 109 fideicomisos públicos.

Los fondos de dichos fideicomisos, que ascienden a más de 68 mil millones de pesos, serán reasignados para el sector salud y a programas sociales impulsados por la administración federal.

La UNAM, el IPN y el CIDE advirtieron que terminar con el fideicomiso para ciencia y tecnología paralizará proyectos y derivará en incumplimiento de compromisos internacionales de investigación; además, afectará el otorgamiento de becas.

La máxima casa de estudios enfatizó que la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la enfermedad COVID-19, demostró la importancia en la inversión en materia de educación, tecnología, investigación y cultura.

Al igual que la UNAM, el IPN se pronunció mediante una carta: estudiantes del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) alertaron que la desaparición de los fideicomisos afectará a más de 120 investigadores y a cientos de alumnos de posgrado.

Por su parte, Sergio López Ayllón, director del CIDE, advirtió que la medida impulsada por la bancada de Morena podría repercutir en 200 estudiantes de licenciatura que dejarán de recibir una beca. Además de efectos negativos en, por lo menos, 200 proyectos de investigación enfocados a evaluación de política pública, desarrollo regional y política educativa, entre otros.

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