Hija de exdirectora del Conacyt presume estudio de lujo mientras investigan a su madre por irregularidades
Mientras la Auditoria Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades por más de 57 millones de pesos cometidas durante la gestión de la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces al frente del extinto Conacyt, su hija, la artista visual Jimena García Álvarez-Buylla, abrió las puertas de su estudio y dejó al descubierto la opulencia en la que vive en una exclusiva publicación internacional.
Durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Álvarez-Buylla se convirtió en una de las voces más visibles del nuevo paradigma científico impulsado por la llamada “Cuarta Transformación”, con una narrativa centrada en la ciencia al servicio del pueblo y en la lucha contra la “ciencia neoliberal”.
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El reportaje del estudio de Jimena se publicó el 9 de septiembre de 2025 en la revista estadounidense Dwell, especializada en arquitectura y diseño de interiores; en él se describe el lugar como “un oasis triangular de ladrillo y vegetación” ubicado en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.
El proyecto, diseñado por el despacho Estudio MMX, mezcla la sofisticación contemporánea con lo que Jimena describe como un homenaje familiar: “Heredé el amor por trabajar con plantas de mi madre, igual que ella lo heredó de la suya”, afirma en la publicación. En el mismo terreno donde se ubica el estudio, también se alberga la residencia de María Elena.
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¿Financiado por el arte?
El estudio de 60 metros cuadrados revela una estética “pulida”, “minimalista” y, sobre todo, costosa. El espacio combina mobiliario empotrado hecho a medida, un juego de ladrillos entretejidos que tamizan la luz y un baño cuya regadera da a un “patio puntiagudo propio”, como se describe en Dwell.
Aunque no hay evidencia pública que relacione los fondos públicos señalados por la ASF con la construcción del estudio, el contraste entre la ostentación arquitectónica y las acusaciones sobre la mala administración de recursos públicos ha generado críticas en redes sociales y en círculos académicos.
El 10 de junio de 2025, la ASF presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades cometidas en la gestión del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT-PRONACES), entre otros programas clave del extinto Conacyt. Los señalamientos derivan de la auditoría número 92 correspondiente a la Cuenta Pública 2021, cuyo dictamen fue emitido desde octubre de 2022.
Entre las irregularidades detectadas, se encuentran:
- La asignación de 97.6 millones de pesos fuera del marco legal a través de 10 convenios de asignación.
- Contrataciones sin evidencia documental por 35.1 millones de pesos para supuestos servicios administrativos y financieros.
- Un contrato de seguimiento técnico con pagos anticipados por 22.5 millones de pesos, sin documentación que avale la prestación de servicios.
- Prácticas que habrían limitado la libre competencia en procesos de contratación.
- Y pagos fijos mensuales sin criterios justificados en contratos abiertos.
Pese a estas observaciones, la doctora Álvarez-Buylla ha negado categóricamente cualquier responsabilidad penal o administrativa. En un mensaje publicado en su cuenta de X, la exfuncionaria calificó como “falsas” las versiones de malos manejos y aseguró que la extinción de los fideicomisos fue “exitosa, eficiente y con apego a la normativa”.
También aclaró que las observaciones derivaron en la renuncia de su titular de Administración y Finanzas, así como en procedimientos internos para deslindar responsabilidades. “Siempre con empeño de evitar desaseo o mal uso de recursos”, aseguró.
