Informe revela cómo el poder político capturó al Poder Judicial con ataques sistemáticos y reformas entre 2018 y 2024
Durante seis años, el Poder Judicial fue blanco de ataques sistemáticos desde el ámbito político, lo que derivó en su captura institucional, concluye el informe La independencia judicial en jaque, elaborado por la investigadora Azul Aguiar.
Desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el estudio identificó un patrón de deslegitimación constante hacia jueces y magistrados. “Estos seis años de estar criticando y deslegitimando la función judicial logró capturar al final, junto con estas iniciativas, al poder incómodo”, declaró Aguiar al presentar su informe.
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Mañaneras y Congreso: focos de ataques al Poder Judicial
De acuerdo con el estudio, el 30% de las mañaneras del presidente López Obrador incluyeron ataques directos al Poder Judicial. A esto se sumaron intervenciones similares en el 24% de las sesiones de la Cámara de Diputados y el 22% en el Senado, lo que evidencia una campaña sistemática para minar la credibilidad de los juzgadores.
Además, se documentaron 135 iniciativas legislativas entre 2018 y 2024 dirigidas a modificar la estructura judicial. La mitad fueron impulsadas por Morena, partido oficialista. Estas acciones culminaron con la aprobación de la Reforma Judicial en 2024, la cual dio paso a la Elección Judicial por voto popular.
La elección judicial pone en riesgo la independencia
Especialistas como Carolina Jiménez, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, advirtieron que “la reforma tal y como fue concebida termina con la independencia en México”.
Azul Aguiar también cuestionó el proceso de elección de jueces: “Fue sumamente complicado, poco transparente y con muy poca participación… carece de legitimidad democrática”.
Por su parte, Susana Camacho, de México Evalúa, alertó que esta transformación puede afectar directamente a los ciudadanos: “¿Van a resolver a favor de los derechos o del Estado?”.
Finalmente, Aguiar cerró con una advertencia: “Hoy ya no hay golpes de Estado; los retrocesos se verifican en la Ley y no somos capaces de identificarlos”.