Inseguridad y extorsión elevan costos agrícolas hasta 15%, advierte Juan Carlos Anaya
La inseguridad y la extorsión están encareciendo hasta en 15% los costos de producción agrícola en México, alertó el director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), Juan Carlos Anaya Castellanos.
En entrevista con A la nueve con Uno, el especialista explicó que la violencia y el cobro de derecho de piso se han convertido en un “impuesto criminal” que golpea directamente a los productores del campo.
Ante la pregunta de si se puede cuantificar el costo de la extorsión y la inseguridad en la producción agrícola nacional, el experto refirió que, según cifras del INEGI, “se calcula que el tema de la inseguridad está representando costos entre un 10% y 15%. Es decir, es un impuesto que no se cobra por el Estado, sino que se lo quedan unos cuantos derivados”.
Anaya advirtió que el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo en Michoacán es reflejo de ese deterioro. “Fue el único líder que se atrevió a hablar, que se manifestó en contra de la extorsión y del pago de derecho de piso. Es lamentable lo que le pasó”, expresó.
“Fue el único líder que se la jugó por su gente”
El director del GCMA recordó que desde 2022 el cobro ilegal a los productores de limón se disparó: de 50 centavos a cuatro pesos por kilo, mientras las autoridades no ofrecieron protección suficiente.
“Seguimos viendo impunidad y falta de Estado de derecho. Bernardo fue el único que daba entrevistas, el único que se la jugaba, y nunca tuvo la seguridad que necesitaba”, lamentó.
Extorsión y cobros ilegales en todo el país
El especialista advirtió que la situación no se limita a Michoacán. “No es nada más el limón. También pasa con el aguacate, las tortillerías, el ganado y los tianguis”, dijo.
Explicó que la extorsión agrícola comenzó hace casi dos décadas en estados como Tamaulipas y hoy se extiende por todo México. “En Chiapas, Jalisco, Acapulco… en muchas regiones hay que pagar derecho de piso para poder producir o vender”, aseguró.
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- “En los centros de acopio y las centrales de abasto también operan cárteles que controlan las entradas de camiones y el flujo de productos”, agregó.
“La gente no denuncia por miedo a terminar como Bernardo”
Anaya señaló que la falta de justicia inhibe las denuncias: “La gente tiene miedo de denunciar por lo que le pasó a Bernardo. Por eso continúan las extorsiones y el pago de derecho de piso”.
El especialista pidió acción inmediata de las autoridades federales, estatales y municipales para frenar la violencia y garantizar seguridad en el campo: “El país necesita orden y que jueces y fiscales actúen en forma inmediata. Se requiere cero impunidad”, subrayó.
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Productores de limón reciben 6 pesos y el consumidor paga 25
Además de la inseguridad, el líder agroindustrial advirtió una fuerte distorsión en la cadena de precios del limón. “El productor recibe seis pesos, pero el consumidor paga 25 en el supermercado. Solo el 30% de ese precio llega al campo”, detalló.
Aunque la producción creció 4% gracias a las lluvias, muchos productores ya están tirando sus limones porque no es rentable. En Veracruz, el limón persa ronda los cuatro pesos, mientras que el consumidor final paga hasta 25.
“El margen más fuerte se queda en la última milla, entre el mercado y el autoservicio. Ahí debe intervenir la autoridad”, insistió.
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