Más de 2 mil pozos clandestinos operan en el Valle de México, advierte Juan Francisco Bustamante

| 14:10 | Redacción | UnoTV | CDMX

El presidente de la organización Agua en México, Juan Francisco Bustamante, alertó que el “huachicol del agua” — robo y extracción ilegal del líquido— se ha extendido de forma alarmante en el Valle de México, donde se calcula la existencia de más de 2 mil pozos clandestinos, y cerca de 58 mil concesiones irregulares en todo el país.

En entrevista en A las Nueve en Uno, Bustamante explicó que el Estado de México concentra el mayor número de denuncias por robo de agua, especialmente en municipios como Ecatepec, Zumpango y Nezahualcóyotl, donde la distribución mediante pipas se ha vuelto una práctica masiva ante la escasez y la falta de nuevas concesiones.

“El Valle de México vive una veda por la sobreexplotación de los mantos acuíferos. No se trata sólo de abrir más pozos, sino de mejorar la gestión y reducir las tomas clandestinas”, explicó.

El especialista calificó como positivo el operativo “Caudal” —realizado recientemente en 48 municipios mexiquenses para clausurar pozos irregulares—, pero advirtió que la medida afecta a piperos, comercios e industrias que dependen de esa agua ante la falta de suministro formal.

“La población termina pagando las consecuencias. Muchos hogares consumen agua de pozos sin tratar que se vende como potable. El problema es enorme y requiere soluciones de fondo”, señaló.

Bustamante propuso que los municipios y la Comisión Estatal de Aguas asuman el control de los pozos para regular su uso, pero criticó que las autoridades locales han dejado de invertir en infraestructura y potabilización, lo que ha derivado en un colapso del sistema hídrico.

“El 100% de los municipios del Estado de México carece de agua potable de calidad. Hay desorden, corrupción y una falta total de planeación”, denunció.

El presidente de Agua en México también reconoció que la burocracia y la falta de inversión orillan a los ciudadanos a recurrir al mercado informal de pipas, donde los precios pueden alcanzar hasta 4 mil pesos por carga, situación que calificó como “inconcebible”.

“La gente ya no pregunta si el agua es legal o no; sólo quiere tenerla. Esto se salió de control y refleja el abandono de los gobiernos”, afirmó.

Bustamante advirtió que la extracción irregular es una práctica extendida a nivel nacional, con más de medio millón de concesiones registradas y miles de perforaciones no contabilizadas.

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“En el país hay decenas de miles de irregularidades. Muchos pozos no registrados siguen operando. Eso es robo de agua y debe decirse con todas sus letras”, subrayó.

Finalmente, llamó a una política nacional de ordenamiento y transparencia, con inversión en infraestructura y castigo a la corrupción.

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“El agua no debe usarse como herramienta política. Es un tema de bienestar para las familias y de supervivencia para el país”, concluyó.