Reforma a la Ley de Amparo podría dejar sin protección a los ciudadanos: Lizbeth Padilla
La reforma a la Ley de Amparo, recientemente aprobada en el Congreso mexicano, genera preocupación, ya que podría afectar directamente los derechos de los ciudadanos, advierte la doctora en Derecho, Lizbeth Padilla.
Según Padilla, la retroactividad en perjuicio de las personas es un grave error, ya que México está regido por un bloque de constitucionalidad desde 2011, que incluye la jurisprudencia de la Corte Interamericana, tratados internacionales de derechos humanos y la propia Constitución, todos bajo el principio pro persona.
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“De ninguna manera, ni la Corte, ni el Congreso, ni el presidente pueden crear una norma retroactiva en perjuicio de una persona”, afirmó durante su análisis en Noticias en Claro.
La especialista explicó que la reforma podría limitar la protección de contribuyentes, empresarios y ciudadanos comunes, especialmente en materia fiscal y administrativa. “Antes, un juez podía otorgar la suspensión provisional ante un bloqueo de cuentas de la UIF; ahora eso ya no existe”, indicó.
Además, la doctora Padilla advirtió que la reforma introduce conceptos indeterminados, como “interés social” y “apariencia del buen derecho”, que dejan la decisión en manos de los jueces sin criterios claros. Esto significa que incluso en casos sensibles, como amparos de niños con cáncer o tratamientos médicos, las personas podrían enfrentar procesos más largos o quedarse sin protección legal efectiva.
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“La reforma trae varios filtros: primero, la necesidad de demostrar la interposición del amparo; segundo, la suspensión provisional prácticamente desaparece; y tercero, las suspensiones definitivas ya tampoco aplicarán”, explicó. Para Padilla, esta situación deja a los ciudadanos “en manos de los jueces del acordeón”, cuya interpretación determinará si los derechos se respetan o no.
La especialista enfatizó que estas modificaciones podrían favorecer a las autoridades sobre las personas, debilitando el equilibrio entre el Estado y los ciudadanos que históricamente protegía la Ley de Amparo.
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