La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró infundados los argumentos del Partido Movimiento Ciudadano en su recurso de apelación y confirmó la multa de 28 millones de pesos que le impuso el Instituto Nacional Electoral por la aportación de 14 millones de pesos realizadas por familiares de Samuel García Sepúlveda a su campaña por la gubernatura de Nuevo León.
“El consejo general del INE tuvo por acreditada la omisión del partido Movimiento Ciudadano de rechazar la aportación de persona impedida por un total de 14 millones 26 mil pesos a partir del hecho de que tres personas morales realizaron transferencias bancarias a las personas físicas familiares del entonces candidato, quiénes a su vez transfirieron el recurso al partido político y este a su vez destinó 6 millones 862 mil pesos a la campaña de Samuel García, y tuvo acreditado el dolo directo porque la triangulación se hizo para evadir la legislación”.
Janine Otálora Malassis, magistrada de la Sala Superior del TEPJF
Los magistrados electorales consideraron que los recursos aportados por la madre de Samuel García, Bertha Sepúlveda Andrade, así como sus hermanos Silvia y Roberto García Sepúlveda efectivamente fueron aportaciones por un ente prohibido al ser ingresados a los gastos de campaña a través de personas morales.
Al confirmar la multa, los magistrados también ordenaron al INE a determinar si Samuel García también puede ser sujeto a ser sancionado por estos hechos.
“Sin embargo, no existe ninguna sanción o alguna razón por la que no deba sancionarse al candidato, aquí es donde se da esta incongruencia”.
Indalfer Infante, magistrado de la Sala Superior del TEPJF
“No se dan los supuestos para que nosotros en plenitud de jurisdicción nos ocupemos de analizar como si fuéramos de primera instancia todos los hechos, para ver qué participación hubo como parte el candidato y también si tiene alguna responsabilidad por los recursos que recibió el partido político”, añadió Infante.
La Sala Superior ordenó al INE emitir lineamientos claros para que los partidos políticos identifiquen de mejor manera las aportaciones de entes prohibidos y no incurran en irregularidades en el futuro.
“Debe ordenarse la emisión de lineamientos que hacia el futuro otorguen reglas claras a los partidos en materia de comprobación de ingresos, en efecto, este asunto representa una oportunidad para plantear escenarios que hacia el futuro abonen para definir qué mecanismos deben adoptar los partidos políticos y todo sujeto obligado a la fiscalización a fin de asegurar el estricto cumplimiento de sus atribuciones”.
Janine Otálora Malassis, magistrada de la Sala Superior del TEPJF
Los magistrados modificaron la resolución del INE que ordenaba dar vista a la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales, pues el Instituto no fundamentó debidamente delito que pudiera configurarse.
