SCJN realiza primera audiencia pública con personas con discapacidad
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este lunes realizó su primera audiencia pública con la finalidad de establecer un nuevo criterio para invalidar o no las normas dirigidas a personas con discapacidad.
“Para definir un tema tan importante, como es el tema de cuándo es procedente tomar en cuenta una consulta para declarar la invalidez o la validez de unas normas que a ustedes les beneficien”
María Estela Ríos González / ministra de la SCJN
“No está en duda el derecho de consulta, ni el correlativo deber del estado de consultar, eso está consolidado, no está a debate […] cuando tenemos una norma que es evidentemente en beneficio de las personas con discapacidad, o está a la altura del estándar constitucional, si se debe de invalidar por falta de consulta, si ya está en el máximo estándar se debiera invalidar en automático, ese es el tema”
Hugo Aguilar Ortiz / ministro presidente SCJN
Mientras que la propuesta de la ministra Lenia Batres invadiría facultades del Poder Legislativo al establecer el requisito de recolectar firmas ciudadanas para interponer una acción de inconstitucionalidad contra una norma por falta de consulta previa.
“El abandono de esta obligación de invalidar toda ley que no hubiera sido consultada con personas con discapacidad”
Lenia Batres Guadarrama / ministra SCJN
La Constitución faculta solo a las comisiones de Derechos Humanos, las minorías parlamentarias, partidos políticos, la Fiscalía General de la República y al Ejecutivo federal, para interponer una acción de inconstitucionalidad e impugnar leyes de forma oficiosa, y no a petición ciudadana.
“Nosotros proponemos que los cinco entes legitimados solamente a solicitud de personas con discapacidad, 30 firmas ahorita, 15 personas apenas ingrese el nuevo código, o el que los legisladores, porque nosotros no somos legisladores, dispongan, puedan presentarlo a través de cualquiera de estos entes”
Lenia Batres Guadarrama / ministra de la SCJN
“Hay 50 leyes que se han invalidado por falta de consulta y así es, no se les tomó en cuenta, por eso se invalidaron esas leyes […] esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha tomado un criterio aún, hasta antes escucharlos a todos y cada uno de ustedes”
Yasmín Esquivel Mossa / ministra SCJN
Para los colectivos, la propuesta resulta contraria a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“Considero que podría ser regresivo, en qué sentido, es complicado el hecho de impugnar una norma como una persona con discapacidad […] hay compañeros que no pueden salir de sus casas, hay compañeros que no tienen acceso a Internet, hay compañeros que no pueden juntarse 15 personas”
Miguel Ángel Aguilar Aquino / Alianza Morelense en Favor de Personas con Discapacidad
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Señalaron que se requiere la emisión de un marco jurídico sobre el derecho a la consulta y no decidir caso por caso.
“Si no se invierte la carga de la prueba y van a ser las personas con discapacidad, y las organizaciones, las que van a tener que hacer el trabajo de revisar las leyes y de ir a golpear la puerta para decir que hay que reformularlas y que violentan o violan ciertos derechos y muy particularmente el derecho a consulta”
Patricia Claudia Borgoña / Estudios Sociológicos, UNAM
De igual forma, recordaron que la consulta previa es una obligación del Estado mexicano.
“Significa que toda ley, norma o política pública que nos afecte y que no haya sido consultada directamente con nosotras las personas con discapacidad, carece de validez, esto no es una opinión, es una obligación que el Estado mexicano asumió” Saori Pérez Milo / activista autista
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Ante los argumentos, hubo ministros que se desmarcaron del cambio de criterio.
“Yo me manifesté porque no estoy de acuerdo con el cambio de criterio, porque en mi opinión el lema `Nada sobre nosotros, sin nosotros´ implica que todo lo que les afecte a ustedes debe ser consultado […] tampoco comparto que nosotros podamos decidir en lugar de ustedes lo que les conviene o no les conviene, muchas veces las acciones emprendidas con buenas intenciones por personas sin discapacidad resultan perjudiciales para ustedes o incluso inútiles” Giovanni Azael Figueroa Mejía / ministro SCJN
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