La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) procesó a cuatro militares por el delito de desobediencia al considerar accionar sus armas durante la masacre en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la cual fueron asesinados cinco jóvenes el pasado 26 de febrero.
Elementos de la Sedena asesinaron a 5 jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas
Según la versión de los hechos de la Sedena, cerca de las 5 de la mañana del domingo 26 de febrero, mientras elementos del Ejército Mexicano realizaban recorridos de vigilancia, agentes de una base de operaciones de Nuevo Laredo escucharon disparos, por lo que acudieron a la dirección de donde provenían.
Los elementos de la Sedena vieron una camioneta tipo pick up con siete personas a bordo, que, según la Secretaría de la Defensa Nacional, iban a exceso de velocidad, con las luces apagadas y sin placas, por lo que al observar la presencia de los militares, aceleraron de forma repentina y evasiva, terminando impactados contra un coche que estaba estacionado.
Luego del choque de la camioneta, el cual provocó un fuerte ruido, el personal militar de la Sedena accionó sus armas de fuego, matando a los cinco jóvenes identificados como Gustavo Pérez Veriles, Wilberto Estrada Mata, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y Gustavo Suárez Castillo, quien era de nacionalidad estadounidense.
La Sedena señaló que otro joven, identificado como Luis Gerardo, fue llevado a un hospital privado con impactos de bala en su cuerpo, lugar en el que es reportado en estado grave. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, informó que la camioneta en la que viajaban los jóvenes tenía al menos 20 impactos de bala.
FGR investiga ataque en Nuevo Laredo, Tamaulipas
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) comenzaron una carpeta de investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.
Según el Código de Justicia Militar, quien comete el delito de desobediencia, “el que no ejecuta o respeta una orden del superior, la modifica de propia autoridad o se extralimita al ejecutarla”, podría recibir de uno a dos años de prisión, según la gravedad de la misma.
En tanto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó a las autoridades de México una investigación pronta e imparcial sobre los hechos violentos, ocurridos el pasado 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
“El empleo de las armas de fuego debe ser el último recurso, proporcional al objetivo legítimo que se persigue, con pleno respeto y protección de la vida humana. Toda muerte relacionada con el uso de la fuerza por efectivos militares, debe ser investigada de forma independiente por las autoridades civiles”, señaló la ONU a través de un comunicado.
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