Senado aprueba nueva normativa para la Guardia Nacional
El Senado de la República aprobó una nueva legislación que consolida a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública permanente, integrada por personal militar con formación policial, bajo jurisdicción penal castrense y dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional. La sesión estuvo acompañada por la presencia simbólica de elementos de la corporación en el patio del Federalismo.
La reforma fue avalada por 75 votos a favor y 34 en contra, en medio de un amplio debate sobre sus implicaciones para el sistema de seguridad del país.
Guardia Nacional tendrá mando militar y funciones de investigación
El nuevo marco legal establece que la Guardia Nacional participará en tareas de inteligencia e investigación de delitos, bajo el mando del Ministerio Público. Esto como parte de sus funciones dentro del Sistema de Seguridad Pública. Además, la corporación será comandada por un General de División en activo, nombrado por el Ejecutivo Federal a propuesta de la SEDENA.
Senadores de Morena defendieron la reforma. Luis Fernando Salazar destacó que el objetivo es consolidar una institución sólida que ayude a impartir justicia. Saúl Monreal ejemplificó con un decomiso por huachicoleo, resultado de seis meses de investigación e inteligencia.
Oposición rechaza militarización de la seguridad
Legisladores del PAN, MC y PRI criticaron la aprobación del nuevo marco. Enrique Vargas del Villar (PAN) cuestionó la eficacia de la Guardia Nacional, señalando hechos violentos recientes en Culiacán pese a su presencia.
Clemente Castañeda (MC) acusó una renuncia al mando civil, advirtiendo sobre riesgos como menos transparencia, posibles abusos de derechos humanos y debilitamiento de las policías civiles. Karla Toledo (PRI) afirmó que la militarización ha generado miedo y abuso, más que paz.
Senado ratificará nombramientos y avala licencias especiales
Los grados jerárquicos de la Guardia Nacional se homologarán con los del Ejército y la Fuerza Aérea, y el Senado ratificará sus nombramientos. También se autorizó que sus elementos puedan pedir licencia especial para ejercer cargos públicos o funciones civiles.
Néstor Camarillo (PRI) advirtió que esto podría abrir la puerta a la participación política activa de personal castrense, lo que consideró grave.
