Senado aprueba nuevo Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación en Seguridad Pública
Con 67 votos a favor, 29 en contra y seis abstenciones, el Senado de la República aprobó la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública, que permitirá acceder a bases de datos públicos y privados para tareas de prevención y persecución del delito. También se avaló la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública con 88 votos a favor y 16 en contra, como parte del periodo extraordinario de sesiones.
Durante la discusión, el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, explicó que estas reformas buscan articular la inteligencia con las funciones de prevención y persecución del delito:
“Las policías preventivas salen a la calle y, si por suerte se encuentran con un hecho que pueden evitar, lo evitan. Pero no había un ordenamiento que permitiera articular la inteligencia con la prevención del delito.”
La ley crea el Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) y la Plataforma Única de Identidad, que permitirán acceder directamente a registros como los vehiculares, biométricos, telefónicos, fiscales, de armas, salud, telecomunicaciones, financieros y empresariales. Además, según el artículo 27, el CNI podrá consultar registros del Sistema Nacional de Información, incluso aquellos en posesión de entes privados.
Bases privadas como bancos deberán compartir datos en investigaciones
Uno de los puntos más discutidos fue la facultad para que el Gobierno consulte información en poder de particulares, como bancos y empresas tecnológicas. Según el artículo 26, esta información podrá usarse como prueba o indicio en investigaciones.
Waldo Fernández González, senador del PVEM, defendió el nuevo marco legal:
“Más investigación y tecnología para combatir el crimen. Es increíble que la delincuencia tenga mejores plataformas porque el Gobierno carece de una infraestructura legal que hoy le vamos a dar.”
Por su parte, la senadora morenista Jesús Lucía Trasviña Waldenrath negó que se trate de un mecanismo de espionaje:
“No se trata de espiar, se trata de actuar con responsabilidad institucional, legalidad y garantías, hablando de inteligencia para la justicia, no de vigilancia arbitraria.”
Oposición advierte sobre riesgos y centralización del control
Sin embargo, la oposición criticó duramente la amplitud de los datos a los que podrá acceder el Gobierno. El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, advirtió:
“Absolutamente todo lo que haga un ciudadano en México lo va a poder ver el Gobierno espía de Morena.”
Uno de los puntos que generó mayor controversia fue el artículo 118, que otorga al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la facultad de suspender recursos a los estados que incumplan con los acuerdos de seguridad. La senadora del PRI, Paloma Sánchez Ramos, alertó:
“Proponen con esta ley que se les quiten recursos a los gobernadores que incumplan con los acuerdos. No, pues van a dejar sin un solo peso a Sinaloa, si llevamos 10 meses en guerra.”
Nueva estructura para prevenir delitos antes de que ocurran
Desde la mayoría oficialista, el senador Saúl Monreal Ávila defendió que este nuevo sistema busca dejar atrás un modelo reactivo:
“México no puede seguir únicamente reaccionando a los crímenes, debe prevenirlos, entenderlos y anticiparlos. Estas leyes abren ese camino.”
La legislación establece que cualquier información útil —desde placas vehiculares hasta registros fiscales o datos de telecomunicaciones— podrá utilizarse para generar productos de inteligencia que contribuyan a la seguridad pública. La ABM, hasta el momento, no ha emitido posicionamiento sobre el posible acceso a datos bancarios.
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