Reforma de Sheinbaum busca juicios de amparo más rápidos y limitar suspensiones
La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa para reformar la Ley de Amparo, con el objetivo de agilizar juicios y establecer límites a la figura de suspensión, particularmente en casos de bloqueo de cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vinculados con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
La propuesta también modifica el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, además de introducir una definición de interés legítimo en la Ley de Amparo, siguiendo criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Suspensiones en casos de lavado de dinero
La iniciativa plantea que las suspensiones no podrán usarse para autorizar actividades que requieren permisos revocados o inexistentes. También establece que no procederán si con ellas se obstaculizan las acciones de la UIF, en casos de presunto lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Entre diciembre de 2018 y agosto de 2025 se presentaron más de 3 mil 600 demandas de amparo contra bloqueos de cuentas, con mil 407 suspensiones definitivas que permitieron desbloquear fondos por 27 mil millones de pesos. En sentencias de fondo se habrían liberado hasta 32 mil millones de pesos.
Reformas para juicios rápidos
El documento propone plazos específicos donde la ley actual no es clara:
- 5 días para notificar la admisión de recursos de revisión o amparos directos
- 60 días para dictar sentencia fuera de la audiencia constitucional
También busca evitar prácticas dilatorias al:
- Restringir recusaciones de jueces si son improcedentes
- Garantizar que los expedientes estén completos antes de audiencias
- Limitar la ampliación de plazos para ofrecer pruebas
Digitalización del juicio de amparo
La reforma incorpora el juicio de amparo digital, permitiendo promociones y notificaciones electrónicas. Se prevé un plazo de 360 días para que el nuevo Órgano de Administración Judicial adecúe el sistema, y 180 días adicionales para que las autoridades generen sus perfiles digitales.
Imposibilidad material o jurídica para cumplir sentencias
Se propone que las autoridades puedan alegar imposibilidad material o jurídica para cumplir con sentencias de amparo, con autorización del juez, lo que evitaría sanciones penales o administrativas a funcionarios.
Las multas se aplicarían al organismo y no de manera personal al servidor público.
Defensa fiscal y créditos firmes
La iniciativa plantea declarar improcedentes recursos como la revocación ante el SAT y el Juicio Contencioso Administrativo contra actos que exigen créditos fiscales ya firmes. Según el documento, estos litigios duran en promedio más de cuatro años y suelen usarse para retrasar el pago de impuestos.
No obstante, el amparo seguiría siendo procedente en etapas finales del cobro coactivo, como la convocatoria de bienes embargados.
Protección de recursos básicos
El proyecto establece que, en bloqueos de cuentas, se deben garantizar recursos para:
- Pago de salarios
- Obligaciones alimentarias
- Créditos hipotecarios de vivienda
- Subsistencia de la persona titular y sus dependientes
Solo se autorizaría el uso de fondos cuya licitud sea comprobada.
