Seguirán bloqueadas cuentas de empresa relacionada con García Luna: UIF

García Luna fue funcionario durante el sexenio de Felipe Calderón. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Las cuentas de la empresa Nunvav Inc seguirán bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pues dicho consorcio está relacionado con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien enfrenta un juicio en Estados Unidos.

Mediante un breve comunicado, la UIF explicó que las cuentas de Nunvav Inc y de Rosalba “N”, representante legal, seguirán bloqueadas porque están relacionadas con Genaro García Luna, quien tiene un proceso penal en Estados Unidos. Por ello, el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México determinó improcedente la solicitud de desbloqueo.

 En ese sentido, la UIF informó que el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa, perteneciente al primer circuito, negó en el amparo 841/2020 el desbloqueo de las cuentas bancarias.

“El Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el amparo 841/2020, donde le señala que se determinó improcedente la solicitud de desbloqueo de cuentas y servicios financieros de la empresa Nunvav Inc y de Rosalba ‘N’, reaccionados con Genaro N”.

Lo anterior, al considerar que la UIF realizó el bloqueo de cuentas e inclusión a la lista de personas bloqueadas en cumplimiento a compromisos de carácter internacional para la prevención de la comisión o continuación del lavado de dinero, añadió la Unidad encabezada por Santiago Nieto.

El pasado 21 de septiembre, la Unidad presentó una demanda ante tribunales federales de Miami, Florida, Estados Unidos, para recuperar el dinero de Genaro García Luna.

  • La UIF demandó a una red de empresas dirigidas por Genaro García Luna y sus asociados, con la esperanza de recuperar dinero obtenido ilegalmente.

Además, la Unidad, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dijo que el caso fue presentado en un tribunal de Florida, ya que es el estado donde se identificó un número significativo de empresas y propiedades asociadas a actos de corrupción política y lavado de dinero que conforman el litigio para recuperar el dinero.

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