Van contra “huachicol de agua”: Gobierno prepara reformas y sanciones
El Gobierno federal presentó un plan para frenar el llamado “huachicol de agua“, con reformas a la Ley de Aguas Nacionales y nuevas reglas que buscan acabar con la venta ilegal de concesiones entre particulares. Así lo informaron la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, durante la conferencia matutina de este miércoles.
Las iniciativas, que serán enviadas al Congreso en los próximos días, pretenden reforzar el derecho humano al agua y devolver al Estado el control sobre este recurso estratégico. Según Morales, el proyecto es resultado de 13 foros realizados con sectores productivos, sociales y de gobierno.
Prohibición de venta de concesiones entre privados
Actualmente, la ley permite que los títulos de concesión se transfieran entre particulares con sólo notificar a Conagua. Esta práctica ha generado un mercado negro del agua, especialmente en regiones sobreconcesionadas, donde los ciudadanos o empresas que necesitan el recurso deben acudir a particulares para comprar concesiones, porque la autoridad responde que no hay disponibilidad.
La presidenta Sheinbaum explicó cómo operaba este mecanismo:
“Hay casos de quien tiene una concesión de agua para riego, que no le paga nada al Estado mexicano, no la usa y la vende a otro particular, o hay casos donde se hizo una transmisión de un título de concesión a otro solamente avisándole a la autoridad. La propuesta en la ley es clara: ¿ya no usas tu concesión? Se la tienes que regresar al Estado”.
Con esta medida, el Gobierno busca que el agua deje de verse como una mercancía y que su asignación quede bajo control de la nación.
¿Cómo opera el huachicol de agua en México?
Morales detalló que el robo y acaparamiento de agua se da en varias modalidades:
- Venta de concesiones: acumulación de títulos que luego se revenden a industrias o desarrollos habitacionales
- Acaparamiento especulativo: usuarios que mantienen concesiones sin aprovecharlas, esperando el momento para venderlas
- Pozos clandestinos: perforaciones ilegales que abastecen pipas; cada una puede costar hasta 3 mil pesos
- Garzas clandestinas: instalaciones improvisadas para extraer agua sin permiso y venderla de manera informal
Estas prácticas han provocado que, en muchas regiones, el acceso al agua dependa de negocios ilegales que lucran con la necesidad de la población.
Endurecen sanciones: multas, cárcel y extinción de dominio
El plan incluye un nuevo capítulo de delitos hídricos con sanciones más severas. Actualmente, las multas van de 260 a 26 mil UMAs (máximo 2.8 millones de pesos), lo que resulta insuficiente para inhibir estas prácticas.
Con la reforma, se contempla:
- Multas a partir de 50 mil UMAs
- Prisión para quienes reincidan en extracción ilegal
- Extinción de dominio, es decir, que el Estado se quede con los bienes usados en el delito
“Esa es la modificación más importante de las modificaciones a la ley. El otro tema son las sanciones para quienes están robando agua o no reportan el cambio de uso. El lunes se estarán entregando las dos: la Ley General y la Ley de Aguas Nacionales”, adelantó Sheinbaum.
Morales añadió que antes, muchos infractores simplemente pagaban la sanción en cuestión de horas y continuaban con la actividad ilícita. Con los cambios, se busca cerrar espacios al mercado negro y evitar la reincidencia.
Agua como derecho humano, no mercancía
Las reformas también refuerzan el artículo 4º constitucional, que establece el agua como un derecho humano. El objetivo es garantizar su uso responsable, priorizar el consumo doméstico y poner fin al acaparamiento privado.
“Es poner orden y dejar de ver al agua como mercancía, cuando es un recurso escaso en gran parte del país. El Estado será quien regule y reasigne las concesiones”, aseguró Morales.
La presidenta Sheinbaum, por su parte, hizo un llamado a los empresarios:
“No tienen nada de qué preocuparse los empresarios, ni en agua ni en energía, nada más que se pongan en orden”.
El Gobierno federal prevé entregar al Congreso las dos iniciativas: la Ley General de Aguas, de carácter reglamentario, y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, con el fin de combatir el huachicol de agua, evitar abusos en su explotación y garantizar que el recurso llegue a quienes más lo necesitan.
