La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al gobernador de Baja California Sur y al encargado de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, en suplencia del procurador General de la República (PGR), por incurrir en diversas irregularidades al investigar las agresiones cometidas contra un periodista durante 2017.
El organismo nacional reveló que las autoridades de esa entidad trasgredieron los derechos humanos del periodista de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, a la libertad de expresión y a no ser víctima de desplazamiento forzado.
Recordó que el 19 de diciembre de 2016, el 8 de febrero y el 28 de marzo de 2017, personas desconocidas ingresaron a la vivienda del periodista para incendiar los vehículos que se encontraban en su interior.
En los dos primeros sucesos, el fuego ocasionó serios daños a los vehículos y al inmueble, mientras que en el tercer evento los agresores no lograron consumar el incendio debido a la intervención de los escoltas designados para la protección del comunicador, uno de los cuales murió en el enfrentamiento.
¿Por qué se pide protección?
Debido a los casos de notoria violencia en contra del comunicador, las procuradurías Estatal y General de la República (PGR) iniciaron las investigaciones correspondientes; sin embargo, hasta la fecha la PGR no ha determinado si ejerce o no la facultad de atracción.
Como consecuencia, el periodista no ha tenido certeza de la naturaleza de las agresiones y se mantiene en riesgo inminente, por lo que no ha reanudado su actividad laboral a plenitud.
Desde el primer atentado, la CNDH solicitó a la Secretaría de Gobierno del estado la implementación de medidas cautelares en favor del agraviado y sus familiares; sin embargo, a pesar de haber sido aceptadas, ocurrieron otras dos agresiones sin que fueran repelidas por la autoridad local.
El comunicador manifestó a la CNDH que no recibió protección del Gobierno local y que tampoco fue contactado para ello, por lo que el Gobierno del Estado faltó a su deber de garantizar un ambiente seguro para él.
Después del tercer ataque, al periodista se le extrajo de la entidad, y actualmente se encuentra desplazado al interior de la República, sin que el Gobierno de Baja California Sur haya cumplido con su obligación de garantizar su retorno voluntario o reasentamiento.
¿Qué exige la CNDH en este caso?
- Se pide al gobernador de Baja California Sur reparar el daño al periodista, pues se confirmó la violación a los derechos humanos mencionados
- Que continúe la integración de la carpeta de investigación del tercer ataque, a fin de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables
- Que se emitan lineamientos en los que establezca la posibilidad de que dicha representación social estatal consulte a la PGR sobre la atracción de las indagatorias, cuyas víctimas sean periodistas o personas afectadas en el ejercicio de la libertad de expresión
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